LA PAZ. La ciudad boliviana de La Paz intenta abastecerse de alimentos, que escasean en los mercados hasta el punto de que la Alcaldía organiza un venta para evitar un alza desmesurada de precios, y de combustibles, que el gobierno interino de Jeanine Áñez va a importar de Chile y de Perú.
Algunos precios de alimentos básicos han aumentado en los últimos días en La Paz, una ciudad de cerca de un millón de habitantes que depende del abastecimiento principalmente por carretera desde otros puntos del país, pero algunas vías llevan días bloqueadas por la protestas que se producen en Bolivia.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía, Wilfredo Rojo, aseguró que se habilitaron puentes aéreos para el abastecimiento de productos de primera necesidad en La Paz y su vecina El Alto.
La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo a los medios en La Paz que "ha subido toda la canasta familiar", la cesta de la compra diaria, además de que "no hay gasolina, estamos caminando a pie".
Las protestas mantienen bloqueadas refinerías como la de Senkata, en El Alto, donde partidarios de Evo Morales volvieron a exigir la renuncia de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
Áñez ejerce desde el pasado martes de forma provisional con el objetivo de convocar elecciones, después de que el día antes Morales viajara en condición de asilado a México tras anunciar su renuncia a la presidencia tras un golpe de Estado orquestado entre la oposición, la Policía y los militares.
En tanto, las familias de los fallecidos y heridos en la jornada más trágica del conflicto esperan justicia y niegan que fueran obligados a participar en una marcha de cocaleros.
La marcha en apoyo de Evo Morales intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba cuando se encontró con un fuerte cordón de policías y militares, que emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos y se produjeron disparos.
Los disparos procedían de fuerzas del orden, según los manifestantes mientras que el gobierno de Áñez dice que los cocaleros se autodispararon. La represión dejó al nueve muertos y cien heridos.
La represión está bajo investigación judicial entre una polémica por la actuación de las fuerzas del orden desde que asumió este gobierno, que aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.
Ayer, la Iglesia católica de Bolivia llamó al autoproclamado gobierno y todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, a un diálogo para "pacificar el país, y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones".
En tanto, Áñez denunció la existencia de un "grupo criminal" que planeaba atentar contra su vida, por lo que suspendió una actividad oficial en Beni.
Sin entrar en más detalles, señaló que "hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás".
