ANKARA. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció la apertura de las fronteras con Europa, lo que habrían aprovechado más de 36 mil personas para alcanzar las fronteras de la Unión Europea.
"Ayer abrimos las puertas y hasta la mañana han pasado 18 mil personas", ha afirmado Erdogan durante un acto de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) celebrado en Estambul.
Más tarde, el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, informó mediante un mensaje en Twitter de que 36 mil 776 personas salieron de Turquía hacia las frontera de Bulgaria y Grecia.
En su intervención, Erdogan cargó contra la UE por no cumplir con el acuerdo alcanzado en 2016 para el cierre de la frontera a cambio de ayuda económica y explicó que ese es el motivo de la apertura de la frontera. "La Unión Europea debe mantener sus promesas", subrayó.
Las autoridades griegas informaron que impidieron a unas cuatro mil personas cruzar la frontera en un "intento en masa y organizado de violar la frontera", según un portavoz del gobierno.
"Grecia ha sido objeto de un intento organizado y masivo para violar sus fronteras y se ha resistido al mismo", apuntó el responsable Stelios Petsas en rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario en la sede oficial del primer ministro. Petsas agregó que "el gobierno está decidido a hacer todo lo que sea necesario para salvaguardar nuestras fronteras".
Grecia reforzó la presencia militar y policial en la frontera terrestre con Turquía y hay 52 buques de la Marina y de la Guardia Costera patrullando las islas del este del mar Egeo, apuntó Petsas, que ha destacado que de los 66 detenidos en la frontera, ninguno procedía de la provincia siria de Idlib, donde la ofensiva del Ejército sirio apoyado por Rusia habría provocado una ola de desplazados.
Este mismo sábado se dio a conocer que dictaron sentencias de tres años y medio de prisión contra 17 de los 66 migrantes detenidos el viernes por entrada ilegal en territorio griego. Los condenados son todos ellos afganos y estas sentencias suponen un cambio drástico en Grecia, que hasta ahora no procesaba a los migrantes por entrada ilegal por considerarlos parte de un colectivo "vulnerable".