- Andrea Cataño Michelena
- Ley contra violencia de género, una burla
La violencia hacia las mujeres crece cada día y se expresa de múltiples maneras. La lucha feminista ha logrado crear instrumentos jurídicos para la defensa de las mujeres víctimas de violencia, sin embargo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y las instancias encargadas de la impartición de justicia hacia mujeres que viven violencia de género, no se interpreta adecuadamente ni se aplica, como en el caso de la agresión sufrida por Ireri Carranza López, que es un claro ejemplo del desconocimiento de la Ley y del machismo que victimiza doblemente a las mujeres.
El 10 de agosto pasado, Ireri Carranza López y su madre de 78 años, Susana López Téllez, fueron brutalmente atacadas por sus vecinos, Rafael Sojo Jiménez y su hija Alexis Samantha Sojo Munguía. Ofrecer una disculpa por haber solicitado buscar a un gatito atrapado en su azotea fue el motivo que desencadenó los puñetazos en la cara, los puntapiés y los empujones que Sojo y su hija les propinaron a las dos mujeres en la vía pública y que las mandaron al hospital.
Ireri fue objeto de doble victimización al querer rendir su declaración, pues lo policías –coludidos con el agresor– en lugar de trasladarlos a los involucrados al ministerio público, los transfirieron con el Juez Cívico de la Agencia 9ª y más tarde, los remitieron con el Juez Cívico de la delegación Miguel Hidalgo, quien, con tono amenazador, le preguntó a la víctima bañada en sangre qué había hecho para que la golpearan; o sea, le dio lugar al agresor para justificar su violencia. Como resultado del trato recibido por los policías que intentaron evitar que levantara la demanda, Ireri tardó ocho horas en poder acudir al hospital donde la hospitalizaron por un esguince cervical de tercer grado y la sometieron a una cirugía reconstructiva de la boca, que le quedó deformada permanentemente, pese a los esfuerzos del cirujano.
Si la agredida hubiera sido hombre, el troglodita vecino y su hija, no la hubieran golpeado; estos hechos tienen definitivamente una connotación de violencia de género, pues se sabe y abusa de la menor fuerza física femenina y de la impunidad que gozan los agresores de mujeres en todo el país, incluyendo la Ciudad de México, lo que envía un mensaje de permisividad a los machos misóginos.
La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público 9 BIS en Miguel Hidalgo, quien consideró el incidente como “lesiones no graves por pleito entre particulares”, puesto que las leyes contra la violencia femenina sólo se aplican si la agresión sucede en el ámbito familiar.
Junto con el relato de este terrible incidente llegó a mi correo un documento firmado por las integrantes de la Red de Género y Medio Ambiente, quienes piden que se tomen las medidas cautelares que el caso amerita, pues las víctimas, sus familiares, mascotas y bienes están en riesgo ante los agresores, cuyo castigo puede reducirse únicamente al “pago de daños”. En el documento se destacan, entre otros puntos, que el consentir la impunidad del agresor y de los funcionarios públicos involucrados en el caso, envía un mensaje de aprobación y naturalización de la violencia de género, lo que es muy grave.
Está claro que pese a los esfuerzos y campañas informativas, nadie conoce la ley ni sabe cómo aplicarla. Así, las mexicanas viven expuestas a actos de violencia en el hogar, el trabajo y la vía pública y con todo y la ley, en los hechos, cualquiera puede darnos una golpiza -y hasta matarnos- y seguir tan campante.
La impunidad generalizada es el cáncer que está matando a México.
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