Por: Pilar Déziga Velázquez
El confinamiento que se vive actualmente, ha generado un aumento en los índices de violencia contra mujeres, niñas y niños, por lo que Causa en Común organizó una mesa de diálogo y reflexión sobre la violencia familiar.
En el evento participaron, Anayeli Pérez Garrido, Directora de la Asociación de Justicia Propersona AC; Juan Martín Pérez García, Director de la Red por los Derechos de la Infancia en México; Marcela Eternod Arámburu, especialista en estadísticas de género y Maria Elena Morera Mitre, Presidenta de la organización Causa en Común.
Los ponentes estuvieron de acuerdo en que la violencia contra mujeres, niñas y niños es un problema grave que ha existido desde antes de la pandemia, aunque la situación actual de confinamiento la agrava. Además, hicieron énfasis en que el delito de violencia contra las mujeres tiene un grave problema de cifra negra, que también se acentúa en esta etapa. Se mencionó que el número de denuncias podría disminuir durante la cuarentena, considerando que los espacios reducidos donde habitan las familias, impiden la privacidad de las víctimas para denunciar a los agresores, por lo que, ante un posible decremento de llamadas y denuncias no se debe considerar como una disminución de violencia, sino que una condición particular.
Durante la conversación se hizo énfasis en que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben tomar responsabilidades claras en el manejo de datos, en el diseño de políticas de género realistas y en la capacitación de los funcionarios públicos que atienden las emergencias de violencia familiar. Al respecto, es esencial exigir a los estados que retomen su responsabilidad de proporcionar las condiciones necesarias para que sus habitantes y en especial los grupos más vulnerables como mujeres, niñas y niños, estén en condiciones de desarrollar un plan de vida y no ser víctimas de violencia familiar.
Adicionalmente, las responsabilidades de las autoridades deben abarcar la difusión de herramientas de asistencia médica, así como contribuir al fortalecimiento de los sistemas de apoyo con que deberían contar las víctimas, como el caso de los albergues que han sido objeto de disminución presupuestal y que ya de por sí son insuficientes en número y carentes de condiciones que aseguren la salvaguardia de quienes necesitan estar en un espacio seguro.
La violencia familiar, de acuerdo con lo que se discutió en la Mesa, deja al descubierto la incapacidad de las instituciones para atender situaciones de emergencia. Dichas situaciones se agravan con el estrés que implica el contagio masivo y que se traduce en miedo y violencia al interior de los hogares.
María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común hizo énfasis en la necesidad de preocuparse por la salud mental de madres y padres de familia en esta etapa de confinamiento. Además, compartió medidas que deberían adoptarse para atacar el problema: incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones de la emergencia sanitaria; asegurar los servicios públicos en las comunidades; reformular los mecanismos tradicionales de denuncia e investigación; no implementar medidas simplistas como la ley seca; buscar opciones alternativas para albergues temporales; planear a largo plazo considerando el impacto económico y social; capacitar a los servidores públicos que atienden este tipo de emergencias y evitar que se detengan los procesos judiciales activos.
Se acordó que es importante mantener este tipo de conversaciones, por lo que el ciclo de Mesas de diálogo de Causa en Común continuará abordando temas relacionados con la seguridad, grupos vulnerables y contexto de la pandemia en México.
