Por: Luis Raúl González Pérez. Presidente de la Comisión Nacional de losDerechos Humanos
Una parte relevante y necesaria del replanteamiento que requieren nuestras políticas públicas en materia de seguridad y justicia, si en verdad aspiran a ser efectivas en la tarea de revertir el entorno de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que impera en diversas regiones del país, pasa por una revisión objetiva, realista y multidimensional del enfoque y normativa del Estado mexicano sobre la producción, distribución y consumo de drogas. Aun cuando en los últimos años estos temas se han tratado públicamente con mayor apertura y de manera más plural e informada, lo cierto es que siguen sin abordarse con la profundidad e integralidad que los mismos demandan.
En este sentido, si bien es relevante y positivo que en el Senado de la República se esté trabajando para reglamentar el uso de la cannabis con fines médicos y lúdicos, esa regulación difícilmente tendrá una incidencia decisiva en la problemática que nuestro país enfrenta en materia de drogas, siendo al respecto sólo una respuesta parcial y limitada. Estas cuestiones no pueden, ni deben desvincularse de otras realidades y retos que México tiene, tanto en el ámbito interno como externo. En particular, es necesario encarar la relación existente entre la violencia, las actividades ilícitas que desarrolla el llamado crimen organizado y la intervención o papel que ha tenido el Estado al respecto, en medio de todo lo cual se han propiciado o llevado a cabo, múltiples delitos, así como violaciones a los derechos humanos.
No es posible generar políticas públicas pertinentes sin reconocer que actividades como el narcotráfico constituyen verdaderos mercados globales de bienes, que operan bajo lógicas de oferta y demanda. Del mismo modo, no se deben ignorar las repercusiones que tienen en la violencia e inseguridad que se vive en el país, cuestiones tales como la demanda de narcóticos en los Estados Unidos de América, la laxitud existente en la comercialización de armas en ese país, así como la falta de controles efectivos en nuestra frontera. El crimen organizado constituye una amenaza real para las instituciones democráticas en nuestro país y debe atacarse de manera frontal y decidida, haciendo uso de los recursos y capacidades del Estado, con la colaboración de la sociedad, previniendo, sobre todo, la capacidad de su poder corruptor para infiltrar, debilitar o, inclusive, tomar instituciones, a la vez de generar violencia.
El narcotráfico y las actividades de las organizaciones criminales no van a terminar con la reglamentación de la cannabis que permita su uso medicinal y lúdico. El problema es mucho más complejo. Existen diversos ámbitos de actividad delictiva que no se han enfrentado con la decisión debida y que, de hacerlo, tendrían una repercusión positiva en el combate a la inseguridad y la violencia. Debemos estudiar y entender el problema del tráfico de armas, cuya dimensión real desconocemos y que repercute, tanto en la criminalidad organizada, como en la comisión de delitos desvinculados de la misma. Del mismo modo, es preciso fortalecer la lucha frontal contra el lavado de dinero e implementar medidas que, sin incurrir en actos arbitrarios y autoritarios que violen los derechos humanos, favorezcan la detección y persecución efectiva de quien obtenga beneficios como consecuencia de una actividad ilícita, a efecto de que delinquir deje de ser una opción económicamente redituable. El mayor poder de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas no está en el armamento o número de miembros con los que cuentan, está en sus recursos y capacidad económica.
Es claro que las políticas prohibicionistas hasta ahora vigentes en el país, no han producido los resultados esperados. Buena parte de la violencia, delitos, corrupción, impunidad y violaciones graves a derechos humanos de los últimos años han estado relacionadas, directa o indirectamente, a las mismas. Es preciso iniciar en México, e idealmente en los demás países de nuestra región, una revisión y replanteamiento de las políticas públicas en este ámbito, con un enfoque multidisciplinario e integral que, sin perder de vista los aspectos de salud pública, nos permita llegar a mejores soluciones que preserven y respeten la dignidad de las personas.
*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
