Estefanía López Mendoza, investigadora de Causa en Común
El 29 de mayo de 2017, aproximadamente 600 elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Guerrero realizaron un paro de labores en el que exigían un bono de riesgo, un cambio de esquema laboral de 3 días de trabajo por 3 días de descanso, la entrega de uniformes y equipo adecuado, así como la destitución del titular de la misma SSP por abuso de autoridad y violaciones al contrato de trabajo. Este caso resulta emblemático no solo por la cantidad de elementos que se movilizaron, sino por la respuesta del entonces titular de la SSP ante las peticiones de los agentes, quien a través de un comunicado emitido por la SSP, criminalizó a los policías que participaron en el paro al señalar que sus demandas eran injustificadas y que actuaban en contra de la institución. Como consecuencia -y a tan solo pocas horas después de haber finalizado el paro- 200 policías fueron despedidos tras ser acusados de intentar desestabilizar la institución.
No sólo la falta de atención a las demandas por parte de las autoridades competentes fomenta la precarización y falta de reconocimiento de los policías, sino que el mismo reglamento les imposibilita tomar acciones para ejercer sus demandas. Por ejemplo, la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, según el artículo 132, fracciones III, V, XI y XII, tipifica como causas de baja de la corporación el ejercer acciones como faltar a los principios rectores de la función policial; poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por abandono del servicio; haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial; así como abandonar un servicio nombrado.
De acuerdo con el informe sobre La situación de las policías en México, realizado por Causa en Común, de 2018 a abril de 2022, Guerrero registró al menos 10 paros de policías; y tan solo en lo que va del presente año, se tiene registro de 7 manifestaciones y 3 paros en la entidad en donde se denuncia principalmente la precariedad laboral, la falta de pagos y de seguros, así como retiro de prestaciones que les pertenecen por ley. Por su parte, la encuesta “¿Qué piensa la policía?”, aplicada en el 2019, detalla las consecuencias de no tener una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad; por ejemplo, el 44% de los encuestados afirmó trabajar más de 12 horas al día.
A 5 años del paro laboral que derivó en el despido injustificado de 200 policías, únicamente 4 de 176 ex agentes que interpusieron recursos legales lograron ser reinstalados tras una serie de procesos legales celebrados en instancias federales. Por su parte, los 172 restantes continúan manifestándose; por ejemplo, el 22 de junio bloquearon la autopista de Acapulco, y el 18 de julio se plantaron a las afueras del Recinto del Poder Ejecutivo exigiendo una reinserción inmediata a la SSP.
Los hechos acontecidos en Guerrero contrastan con el paro que realizó la Policía Municipal de Concordia, Sinaloa el pasado 8 de julio, donde el alcalde de la región emitió un comunicado comprometiéndose a garantizar un aumento salarial del 10 al 20%. El contraste de estos ejemplos demuestra que no todas las demandas de los policías son atendidas de la misma manera, sin embargo, en términos generales la situación laboral de los agentes permanece precarizada. Siendo así, ¿cómo se espera que los policías se encarguen de proteger la seguridad, si las autoridades no respetan sus derechos?
