Al presidente le gusta creerse su propia mentira de que “en una consulta libre y soberana, el pueblo de México pidió cancelar el AICM de Texcoco”.
“El pueblo nos salvó de que se consumara un acto de corrupción”, asegura con frecuencia, cuando lo que pasó es que él dio un manotazo de inicio de gobierno para ablandar a los empresarios y mandar el mensaje de que él es el que manda, sin importar el despilfarro de recursos con cargo a la nación que eso representó. Todo mal encubierto en una consulta defectuosa, equivalente a las suyas a mano alzada en el Zócalo, pero nacional.
Fue su coartada mental para convencerse que el pueblo le pidió algo que en realidad a él se le había ocurrido. Un recurso retórico que no deja de tener un tufo enfermizo.
Lo mismo pasa con la próxima consulta para enjuiciar a ex presidentes, de agosto, en la que él pretende concluir que el pueblo lo pidió; no él, porque es “imparcial” y “no me voy a meter”.
Como la justicia no se somete a consulta (“este hombre mato a aquél, ¿quieren ustedes que se le enjuicie o se le deja libre: votemos”), la Suprema Corte, presidida por el ministro Arturo Zaldívar hizo malabares para reformular la pregunta, de tal manera que quedara un galimatías que le diera gusto a AMLO al mismo tiempo que no violara la ley:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Emilio Buendía, jefe de la oficina del Consejo General del INE --sin tomar partido sobre si es o no válida la consulta--, escribió ayer en estas mismas páginas: “Más allá de la rebuscada redacción, es importante señalar que en ninguna parte se hace referencia a ex presidentes, ni a funcionarios públicos en particular. De hecho, la SCJN, al analizar la legalidad de la pregunta propuesta por el Presidente de la República, consideró que ésta no debía estar dirigida a personas con nombre y apellido. De ahí que haya reformulado la pregunta original”.
Y explica sus verdaderos alcances: “Adicionalmente, la Corte fue clara al señalar que la consulta no se relaciona con impartición de justicia, sino con el ejercicio de atribuciones de órganos representativos. Lo anterior se corrobora con lo establecido por la SCJN: Por su parte, si la población llegara a emitir una respuesta negativa, lo único que implicaría es que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni las autoridades competentes a las que refiere el artículo 35 constitucional, deben entenderse vinculadas a usar sus facultades discrecionales para ese fin; lo que no relevaría (ni al peticionario ni a ningún servidor público) de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan constituir un delito.”
Es decir, no se está poniendo a debate si se imparte justicia o no, sino si los órganos encargados de impartir justicia pueden usar “facultades discresionales” para hacer cumplir la ley. Y eso sólo se volvería vinculante si lo vota el 40% del padron nacional.
Legalmente, nada de ex presidentes; políticamente, todo, de acuerdo al presidente que según él no se va a meter, pero que no deja de machacar a diario la importancia de ir a votar para que la consulta prospere.
Por supuesto que el presidente arde en deseos de ver en la cárcel a sus antecesores, sobre todo a Felipe Calderón, pero con la cantaleta de que “fue el pueblo, no fui yo”. Su dicho aquel en su toma de posesión de que la venganza no era lo suyo, resultó ser una mentira.
Es decir, mal por donde se vea. La gente iría con una cosa en la cabeza a votar por un párrafo tramposo que sirve para otra cosa. Además la farsa costará 500 millones de pesos organizarse. Un despropósito por donde se le vea.