Los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido consistentes con su oferta electoral, no debería existir sorpresa alguna. Todo lo que ha implementado se encuentra en línea con lo que prometió durante su campaña y escribió en sus libros.
El Poder Ejecutivo se ha centrado en la implementación de una agenda político-social bajo la cual considera se pueden revertir las afectaciones que los sectores marginados han sufrido por décadas.
De igual forma puso en marcha una serie de proyectos de infraestructura que privilegiaron al sector energético y el desarrollo del sur y sureste de México.
Sin los errores de los gobiernos previos y la deuda social que heredaron no existiría materia: pobreza, corrupción, informalidad, ilegalidad, inseguridad y bajo crecimiento justificaron la perspectiva de la 4T. De eso no hay duda.
No obstante, también se debe considerar la aparición de dos elementos que modificaron sustancialmente el entorno socioeconómico y de salud pública de México.
En primera instancia una recesión industrial que inició desde mediados del 2018, una contracción que fue subestimada.
Es segundo lugar el cambio estructural provocado por el COVID-19: sus efectos económicos y laborales son de orden mundial, por lo que México debería prepararse para enfrentar una nueva realidad que favorecerá a las naciones que han implementados programas de apoyo a sus sectores estratégicos.
¿Cuál es el resultado de la combinación de lo descrito?
Las cifras publicadas por el INEGI, el CONEVAL y Banco de México permiten dimensionar los efectos de una recesión que el COVID-19 llevó al extremo. Se requiere reconstruir el tejido productivo y laboral del país.
Por su parte los resultados de la elección del pasado domingo muestran la evaluación que la sociedad ha realizado sobre los temas económicos, sociales, políticos, de salud pública y de seguridad que han incidido sobre ella. Al mismo tiempo exhiben su valoración de las alternativas y alianzas políticas.
Dicho entorno se complementa con la nueva realidad internacional: el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a mostrar cuál es su postura en los temas que considera relevantes en su relación con México.
Las diferencias en materia laboral, energética, de cuidado al medio ambiente, migratoria, financiera y comercial han abierto una compleja agenda que México deberá atender bajo el marco legal del T-MEC, el acuerdo que Estados Unidos impulsó.
Bajo ese contexto comienza a delinearse la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador: los saldos, las prospectivas, los objetivos y la eficacia de la administración pública tendrán que ponerse en la balanza.
De inicio sería recomendable evitar el espejismo del 2021: el crecimiento representará una tregua atribuible al “rebote” y reapertura de una economía que lleva dos años de retrocesos y en donde la afectación del COVID-19 fue histórica.
Para impedir que el 2022 nos conduzca a una tasa de crecimiento de 2%, o menor, es importante construir acuerdos con los sectores productivo, educativo y laboral que permitan rehacer el tejido social y la capacidad productiva de México.
Con ello se puede evitar que el debate de coyuntura y la polarización dañen la transformación que México necesita.
La mayor parte de lo que la nación requiere para desarrollarse tiene una naturaleza del mediano y largo plazo, y el COVID-19 lo exacerbó. No hay atajos en la historia. Décadas de precarización requieren un programa de largo aliento.
