La nueva realidad legal en América del Norte ya es tangible: el T-MEC se ha convertido en el vehículo legal por medio del cual Estados Unidos presionará a México para alinearlo sus intereses.
Sindicatos, empresas y el gobierno estadounidense han comenzado a utilizarlo para plantear sus inconformidades en el terreno laboral, energético y agrícola. Solo es el comienzo.
Los compromisos aceptados con la firma del T-MEC impusieron una agenda que México no reconoció a tiempo porque se pensó que el nuevo acuerdo era una modernización del TLCAN, una “puesta al día” del tratado comercial.
Por ello no se adoptó una estrategia de política económica integral que contemplara las alianzas con el sector privado y laboral requeridas para atender los focos rojos que se prendieron con la firma del acuerdo.
La estructura del T-MEC involucra profundas modificaciones que México debe realizar y para las cuales tiene poco tiempo.
Como se había señalado desde hace años, la columna vertebral del mecanismo de presión abarca al mercado laboral, el sector energético, el automotriz, la regulación medioambiental, el contenido regional, el sector agrícola y la implementación de limitantes a la triangulación de bienes producidos en el Este de Asia.
Tampoco se debe olvidar la parte que restringe la firma de acuerdos comerciales con economías que no son reconocidas como de mercado. México deberá ser cuidadoso en este terreno.
La fórmula inicial para anticiparse a la presión legal era proponer una política industrial para América del Norte y el establecimiento de una ruta crítica de integración intraindustrial que abriera la posibilidad de ganancia para los tres países.
Realizar un diagnóstico de los sectores estratégicos en México era fundamental para delinear políticas específicas de fortalecimiento productivo y competitivo, así como para atender el marco legal particular delineado en el T-MEC para dichos sectores.
¿Por qué se debió actuar de forma preventiva? El T-MEC no sólo es un acuerdo comercial, tener dicha perspectiva es un error.
Como se puede recordar, el inicio de su negociación, impuesta por Donald Trump, fue para implementar un marco legal alineado a su visión de gobierno: disminuir los incentivos de sus empresas para instalarse en México.
Recuperar empleo y parte de sus procesos productivos era su objetivo primario. Por ello también abrió el flanco con China y se salió del TPP.
Desde su punto de vista, compartida por el partido demócrata, las condiciones laborales en México representan una competencia desleal para sus trabajadores.
Al final de la negociación, cuando el proceso se había estancado, el partido demócrata logro impulsar su agenda en la materia, así como en la parte energética y medioambiental. Todos ellos aspectos prioritarios para el actual gobierno de Joe Biden.
A diferencia de Trump, el actual gobierno de Estados Unidos no tratará los temas torales en las redes sociales o medios de comunicación, lo hará por medio del marco legal aceptado en América del Norte.
México tiene la posibilidad de aprovechar la ventana de oportunidad que representa el T-MEC, para hacerlo deberá asumir que sus beneficios no vendrán por la inercia heredada del TLCAN: será necesario reconstruir el sistema productivo nacional bajo el marco legal impuesto por el nuevo tratado, la Revolución Digital que sigue avanzando y el cambio estructural que el COVID-19 ha generado. La clave se encuentra en una nueva política industrial.
