Como en el juego del ahorcado, el presidente López Obrador va colocando las piezas del patíbulo como un escenario al cual llevar a juicio popular a los corruptos, no como un acto de justicia, sino como un espectáculo de cara a los comicios del 2021 en los que se elegirán un total de 21,368 cargos entre diputaciones, gubernaturas y ayuntamientos.
Para el proyecto político de la 4T hay mucho en juego en las elecciones del próximo año, en especial si quiere seguir contando con una mayoría en el congreso para que éste no sea contrapeso al Ejecutivo. Con el manejo y resultados frente a la pandemia; la crisis económica; disputas internas en Morena; y perfiles poco competitivos, requiere una narrativa que venda mejor el proyecto, y el presidente tiene claro que fue justamente el hartazgo por la corrupción lo que generó las condiciones para llegar al gobierno. Así pues, será la carta que jugará de cara al 2021.
Por ello, además de la extradición de Emilio Lozoya; la presentación y filtración de la denuncia penal de éste contra funcionarios de gobiernos anteriores, con detalles morbosos de sobornos; la filtración de videos de repugnantes actos de corrupción; se suma el banderazo de salida que el presidente dio para abrir un proceso de consulta popular para preguntar a la gente si está de acuerdo en juzgar a los presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, algo que mientras se decide si procede, le sirve para dar a la audiencia motivos para creer que finalmente se actuará contra la corrupción. Todo perfectamente programado para coincidir con el proceso electoral.
Recordemos que el interés del presidente de estar directamente en la boleta en 2021 lo llevó a promover en 2019 una reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consultas populares, que gracias al contrapeso que hay en Senado se introdujeron controles a fin de que la revocación fuera realmente un mecanismo ciudadano.
En cuanto a la consulta popular, desde el 2014 fue reconocida como un derecho de las y los ciudadanos, siendo éstos quienes pueden solicitar una consulta con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal, algo así como 1 millón 800 mil firmas. También la pueden iniciar un tercio de legisladores o el presidente de la República, pero en este caso deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. La SCJN deberá resolver, previa a la convocatoria para la consulta, la constitucionalidad de ésta. En la reforma del 2019, se dotó de facultades exclusivas al INE para verificar el cumplimiento de las firmas, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; se fijó como fecha para realizar la consulta el primer domingo de agosto; además de que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos, se introdujo la prohibición de hacer consultas sobre la permanencia o continuidad en el cargo de elección popular, ni sobre obras de infraestructura en ejecución.
López Obrador dio luz verde al proceso de consulta popular, señalando que “lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos, si no alcanza el tiempo la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente”. Escogió el camino más largo, pues eso le permitirá mantener atenta a su audiencia hasta agosto del próximo año.
Es obvio que la gente está ávida de justicia por la corrupción política rapaz que ha sufrido durante tantos años, pero la justicia no se hace a través de una consulta, le toca al ministerio público integrar las investigaciones y al poder judicial emitir una sentencia, por lo que la SCJN debería declarar inconstitucional la materia de esta consulta. Pero mientras eso sucede, el espectáculo debe continuar.
