Esta semana se define en el senado el destino de la contrarreforma político-electoral impulsada por el Presidente, denominada por él mismo como “plan b” cuando fracasó su intento de una reforma constitucional, que ni sus aliados (PT y PVEM) estuvieron dispuestos a apoyar pues significaba firmar su propia acta de defunción.
Al conocer el contenido de la reforma propuesta por el presidente, dos iniciativas que reforman más de 450 artículos en cinco leyes, algunos analistas y medios la comenzaron a titular el Plan V, refiriéndose a la V de venganza. Irremediablemente recordé la película basada en comics “Vendetta”, pero a diferencia de aquel -un enmascarado que luchaba anónimamente por las libertades y la destrucción del estado fascista- que actuaba bajo la frase “ahora es mi turno”, éste –el presidente– actúa abiertamente por mero revanchismo, porque se tiene que salir con la suya, porque no admite que el instituto electoral sea la institución civil con mayor confianza ciudadana que sigue garantizando certeza en las elecciones.
La fórmula ya la habían puesto a prueba en el Congreso de la Ciudad de México en mayo de este año, cuando aprobaron reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para disminuir operativamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México bajo el argumento de la austeridad y los “ahorros” que significarían dichos recortes. No por casualidad desaparecieron, entre otras áreas, la Comisión de Fiscalización, la de igualdad de género, así como la unidad técnica de formación y desarrollo.
La actual reforma fue aprobada el 6 de diciembre en la Cámara de Diputados violentando todos los procedimientos legislativos, sin que ninguno de los legisladores de la mayoría hubiera leído las modificaciones a 450 artículos, pero sí por consigna. Aquí vuelvo a recordar al protagonista de Vendetta al decir “este país más que un parlamento, necesita esperanza”, cuando planea volarlo.
El plan V de López Obrador busca mermar la capacidad operativa del INE para organizar las elecciones al disminuir áreas encargadas de integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales. De acuerdo con el análisis de Integralia “la reducción implica —en los hechos— el desmantelamiento del servicio de carrera del INE e implicaría despedir al 85% de sus poco más de 2,500 miembros.”
Aunque no desaparece al INE, como ha sido su intención, si debilita al Consejo General al desaparecer la Junta General Ejecutiva que es el brazo operativo de todos acuerdos tomados por el INE, pasando la responsabilidad a una Comisión de Administración integrada por consejeros.
Asimismo, limita atribuciones regulatorias, de fiscalización, y para señalar y sancionar faltas si no están expresamente señaladas en las leyes. Eso significaría en los hechos, que lineamientos como los de paridad en las gubernaturas, las sanciones para quitar registro de candidaturas por antecedentes de violencia, obligar a que se encabecen listas por mujeres, sancionar a personajes como Félix Salgado con la pérdida de la candidatura, podrían ser consideradas interpretaciones de la autoridad electoral çy no “estricto derecho” para lo cual el INE ya no tendría las atribuciones.
Los funcionarios podrán hacer publicidad desde sus cargos sin ser sancionados, así como las precampañas adelantadas pues se diferencia entre propaganda gubernamental y publicidad electoral. Se restringe la autonomía del INE en materia presupuestal, pues se le mandata a que se etiqueten todos los presupuestos, que el congreso podrá modificar, y se ordena la liquidación de fideicomisos con los que se protege el retiro y jubilación de trabajadores del INE. Y aunque dijeron que se les coló por error, la negociación con el PVEM y el PT fue la cláusula para transferirles votos y recursos, para así no perder el registro.
Citando finalmente a V “no existe certeza, solo la oportunidad”. El senado tiene la oportunidad de poner un alto a la venganza del presidente.
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