@ebuendiaz
La Constitución es un documento muy importante para las y los mexicanos. En ella se reconocen derechos fundamentales y se establece la obligación que tienen las autoridades para garantizar su ejercicio y protección. También regula la integración y el funcionamiento de diversas instituciones (INE, INAI, Banco de México, etc) y poderes de la República.
Lamentablemente, en los últimos años ha existido una actuar deliberado para afectar el funcionamiento de algunas instituciones y, con ello, incumplir la Constitución. Seamos claros: El grupo político gobernante ha implementado diversas medidas para obstaculizar el ejercicio de atribuciones de diversas autoridades que le son incómodas. El Estado dinamitando al Estado.
La primera medida para debilitar ha sido la constante y peligrosa conducta de recortar discrecionalmente sus finanzas. Bajo una premisa falsa de austeridad, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es aprobado por la Cámara de Diputados (CD) con mayoría de representantes del partido político en el poder, se ha convertido en un instrumento de sometimiento económico. Si una institución pública no goza del beneplácito de la actual gestión gubernamental y del partido político mayoritario, se le afecta financieramente sin que se justifiquen las razones para actuar de esa forma.
Ello, pese a que existe pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece el deber que tiene la CD de motivar los recortes presupuestales, particularmente cuando las actividades de las instituciones tienen una relación directa con el ejercicio de los derechos humanos. En otras palabras, jamás se ha desconocido la potestad que tiene el órgano legislativo de ajustar las finanzas de las instituciones con el paquete económico, simplemente se trata de que justifiquen las razones. No hacerlo es actuar de manera arbitraria e invadir esferas competenciales. Ello no tiene cabida en un país donde existe el Estado de derecho.
Ayer la CD aprobó el PEF para el 2024, en el cual destaca el recorte al Poder Judicial de la Federación (PJF) por más de 6 mil millones de pesos y al Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto que asciende a 5 mil millones de pesos. Sin exponer razones, se afecta financieramente a dos instituciones que son fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano y cuyas actividades están directamente involucradas con el respeto y ejercicio de derechos fundamentales (acceso a la justicia y ejercicio del voto). Los mayores recortes presupuestales se imponen a dos instituciones que no han sido condescendientes con el poder en turno. Vaya coincidencia.
Esa afectación financiera trasciende al cumplimiento de sus funciones constitucionales. Por un lado, el PJF necesita recursos para mejorar, entre otros aspectos, la impartición de justicia en el país y atender más de un millón de casos nuevos para el próximo año. Además, para asegurar la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
En el caso de la autoridad electoral, el dinero que había solicitado y que ahora se recortó tenía un destino obvio: afrontar los retos que implica un proceso electoral en el que habrá elecciones en los 32 estados de la República, en el que estarán en disputa más de 21 mil puestos de elección popular y en el que puede agregarse una consulta popular. La irresponsabilidad con la que actúan quienes aprobaron el recorte presupuestal pone en riesgo las elecciones en el país. Así de simple.
Otra medida que ahora se usa para debilitar el funcionamiento de las autoridades es la afectación interna a partir de la omisión de designar a la totalidad de sus integrantes.
Hoy existen tribunales electorales indebidamente integrados. Simplemente no hay intención de que sean nombradas más de 40 magistraturas estatales. De igual forma, tratándose del TEPJF, también se encuentran vacantes 8 magistraturas: 1 en cada una de las Salas Regionales (6) y 2 en la Sala Superior. Falta que ahora se sume el relevo del ministro Zaldivar, que acaba de renunciar sin justificación razonable.
De cara al año electoral más importante del país, resulta increíble que el Senado incumpla la Constitución y no se tome en serio la designación de jueces electorales. Por eso, tampoco debe sorprender que sigan sin designar a los 3 comisionados del INAI. La negligencia en su máxima expresión al permitir que instituciones operen aunque estén indebidamente integradas.
No debe quedarnos duda que existe una intencionalidad de debilitar el funcionamiento de las instituciones, particularmente aquellas sobre las cuales no tiene control el gobierno. La narrativa usada por el poder en turno -gastos excesivos, corrupción, conservadores, adversarios- ha buscado disfrazar y distraer la atención de la realidad: no se busca mejorar a las instituciones, lo que se quiere es derruirlas poco a poco. Eso es la famosa transformación. Que no quede duda.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
