El secuestro y posible asesinato de tres periodistas ecuatorianos, a manos del frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente de Colombia ha dejado al descubierto las dificultades de ese país para alcanzar la paz: ni se han desmovilizado todos los guerrilleros que se esperaba, ni el narcotráfico ha dejado de ser un problema de seguridad nacional.
Por el contrario, los indicios apuntan a un incremento de la violencia asociada a las facciones disidentes de la guerrilla que se sintieron traicionadas por su dirigencia cuando ésta pactó la paz con el gobierno colombiano, el 28 de noviembre de 2016.
Apenas el pasado primero de febrero los que se autodenominan “los genuinos herederos de los camaradas Manuel y Jacobo, en pleno ejercicio del Derecho a la Rebelión armada” emitieron un comunicado en el que aseguraban: “(…) asistimos al rearme y organización estructural de las FARC EP, a la recuperación de los bienes usurpados por los oportunistas y socialdemócratas, al rescate de los guerrilleros dispersos que llegan de nuevo a su casa al comprobar la traición al proceso de paz, el incumplimiento de los acuerdos y la entrega del movimiento guerrillero.
La historia nos está dando la razón.” De acuerdo con información de inteligencia colombiana, los disidentes de las FARC tienen presencia en los departamentos de Guaviare, Guainía, Nariño, Vichada, Vaupés, Caquetá, Chocó y Antioquia.
Los grupos más robustos son el Frente 1 'Armando Ríos' y el Frente 7 que operan en los departamentos de Meta y Guaviare, que serían los responsables de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las FARC. Al sumar a los otros grupos rebeldes, el número total de guerrilleros activos ascendería mil 200.
Y es que, más allá del discurso ideológico-revolucionario para buscar por las armas tomar el poder en Colombia, hay un perverso incentivo económico: las disidencias están conformadas por los milicianos más ligados al narcotráfico, actividad que fue el eje financiero de las FARC por décadas, y que ha tomado un ominoso segundo aire en el país, financiado ahora por el mexicano Cártel de Sinaloa, interesado en mantener la generación de su materia prima y que está detrás del llamado Clan del Golfo, grupo de narcos colombianos que están tomando la estafeta de los viejos capos del trasiego de cocaína y pretende hacerse de los mercados que abandona la FARC al legalizarse.
La fuerte vinculación de las guerrillas históricas del país con los narcotraficantes también tuvo esta semana una fuerte presencia tras la detención, el día 9 de abril, de Seusis Hernández, alias Jesús Santrich, exjefe de las FARC y futuro parlamentario del partido que surgió de esta guerrilla desmovilizada y fue detenido en Bogotá a petición de una Corte de Nueva York. La justicia estadounidense solicita su extradición por el cargo de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a EU.
La detención es todo un dardo envenenado para el proceso de paz y para el gobierno de Santos, que se ha comprometido por escrito a no extraditar a exguerrilleros desmovilizados, a menos que se compruebe que hayan cometido acciones ilícitas después del 31 de diciembre de 2016.
Así las cosas, los acuerdos de paz han entrado a un laberinto en el que guerrilla y narcotráfico no dejan al país pacificarse por completo.
El narco tomó un segundo aire, financiado ahora por el Cártel de Sinaloa
