/ viernes 29 de diciembre de 2017

El observador parlamentario | Relaciones entre el Congreso y el Ejército

Durante la sesión de la Comisión Permanente, 20 de diciembre 2017, los bandos a favor y en contra de la Ley de seguridad interior mantuvieron sus antagonismos para propiciar o solicitar el veto de su publicación en Diario Oficial de la Federación, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, pidió al presidente Enrique Peña Nieto aplazara la promulgación y entrada en vigor, en cambio el presidente de la Cámara de diputados, Carlos Ramírez Marín y el senador Enrique Burgos enfatizaron sobre el procedimiento incluyente de la Ley por lo que pidieron se observe la totalidad de la Ley.

El decreto en vías de su promulgación se caracteriza por seguir la modernidad de la seguridad preventiva e incluso adelantarse a las acciones a partir de distinguir las amenazas que serán reducidas o contenidas, como a su vez convertir la excepción en permanente, “autoriza la actuación preventiva de las fuerzas armadas sin necesidad de aprobación ni supervisión de nadie”, suprime la anterior autorización del Congreso, por lo que los legisladores cedieron una atribución que les otorgaba la Constitución a favor de acciones sujetas a las circunstancias que enfrenten los órganos militares. En cierto modo es reflejo de la Doctrina de seguridad nacional de la era del presidente de Estados Unidos, George W. Bush luego del ataque terrorista S11 de las Torres Gemelas.

A TRAVÉS DE LA HISTORIA LA RELACIÓN CONGRESO Y EJÉRCITO no ha sido cómoda, tal fue el caso de la disolución del Congreso creado por Morelos y trasladado en 1815 a Tehuacán, donde las fuerzas al mando de Mier y Terán apresaron y disolvieron el Congreso de Anáhuac.

La coronación de Agustín de Iturbide provoco la ocupación del recinto Legislativo de San Pedro y San Pablo del Primer Congreso constituyente, el 8 de mayo de 1822, los problemas continuaron entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el mes de octubre su desenlace llevo al apresamiento de varios diputados y la disolución del Congreso.

Ya en el Periodo federal, 28 de diciembre de 1832, el Cuarto Congreso fue disuelto por acuerdo de Zavaleta. El Quinto Congreso, corrió suerte semejante el 15 de mayo de 1834, cuando Antonio López de Santa Anna dispuso su disolución.

Durante el Periodo Centralista, 29 de septiembre de 1841, sufrió semejante suerte el Tercer Congreso por la aplicación de las Bases de Tacubaya.

El año siguiente, 19 de diciembre, Nicolás Bravo dispone el cierre del Congreso.

Al llegar al Periodo de Bases Orgánicas, se registra el 29 de diciembre de 1845 el ataque al Primer Congreso Constituyente. Este fue disuelto por Mariano Paredes.

De igual forma ocurre al año siguiente, el 4 de agosto de 1846, cuando el Congreso Extraordinario es disuelto por Mariano Salas.

Congreso Nacional Extraordinario fue disuelto el 5 de diciembre de 1847.

Una imborrable experiencia es la que vivió el 1º de octubre de 1913, la Legislatura XXVI, cuando Victoriano Huerta, usurpador del poder presidencial, asesino de Madero, Pino Suárez, Belisario Domínguez y los diputados Serapio Rendón, Adolfo C. Gurrión, entre otros crímenes atroces, ocupa el Recinto de Donceles y detiene a todos los integrantes de la Cámara para encarcelarlos después.

Durante los gobiernos del priato no se dieron roces entre los poderes, sino fueron relaciones de sometimiento y control, el congreso llegó a aplaudir los actos de Tlatelolco, o bien se ha resistido a investigar los casos de violación de los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército.

La aprobación de la Ley de seguridad interior no ha significado un encuentro ríspido entre congreso y Ejército, este ha actuado con cautela incluso propicio el cabildeo y logro que los representantes cedieran facultades del Congreso a pesar de no estar facultados para ello. La relación tersa entre Congreso y Ejercito ha llevado a la pérdida del control político de la representación con lo que se diluye la responsabilidad constitucional.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, 20 de diciembre 2017, los bandos a favor y en contra de la Ley de seguridad interior mantuvieron sus antagonismos para propiciar o solicitar el veto de su publicación en Diario Oficial de la Federación, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, pidió al presidente Enrique Peña Nieto aplazara la promulgación y entrada en vigor, en cambio el presidente de la Cámara de diputados, Carlos Ramírez Marín y el senador Enrique Burgos enfatizaron sobre el procedimiento incluyente de la Ley por lo que pidieron se observe la totalidad de la Ley.

El decreto en vías de su promulgación se caracteriza por seguir la modernidad de la seguridad preventiva e incluso adelantarse a las acciones a partir de distinguir las amenazas que serán reducidas o contenidas, como a su vez convertir la excepción en permanente, “autoriza la actuación preventiva de las fuerzas armadas sin necesidad de aprobación ni supervisión de nadie”, suprime la anterior autorización del Congreso, por lo que los legisladores cedieron una atribución que les otorgaba la Constitución a favor de acciones sujetas a las circunstancias que enfrenten los órganos militares. En cierto modo es reflejo de la Doctrina de seguridad nacional de la era del presidente de Estados Unidos, George W. Bush luego del ataque terrorista S11 de las Torres Gemelas.

A TRAVÉS DE LA HISTORIA LA RELACIÓN CONGRESO Y EJÉRCITO no ha sido cómoda, tal fue el caso de la disolución del Congreso creado por Morelos y trasladado en 1815 a Tehuacán, donde las fuerzas al mando de Mier y Terán apresaron y disolvieron el Congreso de Anáhuac.

La coronación de Agustín de Iturbide provoco la ocupación del recinto Legislativo de San Pedro y San Pablo del Primer Congreso constituyente, el 8 de mayo de 1822, los problemas continuaron entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el mes de octubre su desenlace llevo al apresamiento de varios diputados y la disolución del Congreso.

Ya en el Periodo federal, 28 de diciembre de 1832, el Cuarto Congreso fue disuelto por acuerdo de Zavaleta. El Quinto Congreso, corrió suerte semejante el 15 de mayo de 1834, cuando Antonio López de Santa Anna dispuso su disolución.

Durante el Periodo Centralista, 29 de septiembre de 1841, sufrió semejante suerte el Tercer Congreso por la aplicación de las Bases de Tacubaya.

El año siguiente, 19 de diciembre, Nicolás Bravo dispone el cierre del Congreso.

Al llegar al Periodo de Bases Orgánicas, se registra el 29 de diciembre de 1845 el ataque al Primer Congreso Constituyente. Este fue disuelto por Mariano Paredes.

De igual forma ocurre al año siguiente, el 4 de agosto de 1846, cuando el Congreso Extraordinario es disuelto por Mariano Salas.

Congreso Nacional Extraordinario fue disuelto el 5 de diciembre de 1847.

Una imborrable experiencia es la que vivió el 1º de octubre de 1913, la Legislatura XXVI, cuando Victoriano Huerta, usurpador del poder presidencial, asesino de Madero, Pino Suárez, Belisario Domínguez y los diputados Serapio Rendón, Adolfo C. Gurrión, entre otros crímenes atroces, ocupa el Recinto de Donceles y detiene a todos los integrantes de la Cámara para encarcelarlos después.

Durante los gobiernos del priato no se dieron roces entre los poderes, sino fueron relaciones de sometimiento y control, el congreso llegó a aplaudir los actos de Tlatelolco, o bien se ha resistido a investigar los casos de violación de los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército.

La aprobación de la Ley de seguridad interior no ha significado un encuentro ríspido entre congreso y Ejército, este ha actuado con cautela incluso propicio el cabildeo y logro que los representantes cedieran facultades del Congreso a pesar de no estar facultados para ello. La relación tersa entre Congreso y Ejercito ha llevado a la pérdida del control político de la representación con lo que se diluye la responsabilidad constitucional.