Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común
Hace algunos días observamos imágenes aterradoras en Zacatecas, en donde un grupo de padres resguardaban a sus hijos durante una balacera en un campo de fútbol. Esta escena, es solo una de las tantas que suceden en nuestro país. Un país en donde 21 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito en el último año. Un país en donde el 93% de los delitos no se denuncian, y un país en donde el 75% de su población se siente insegura.1
En este contexto y ante la ausencia de resultados en materia de seguridad por parte del gobierno, el pasado 8 de octubre tuvo lugar el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos. El objetivo de dicha reunión fue debatir y planificar estrategias bilaterales para combatir la violencia e inseguridad.
Parecería que tuvo que venir el vecino del norte para poner énfasis en que es urgente desterrar la violencia en nuestro país. El llamado Entendimiento Bicentenario, pone en el centro la promoción de un enfoque que ataque las causas estructurales que dan origen a la criminalidad y violencia, un planteamiento que en el discurso se escucha excelente, pero que ha resultado difícil llevarlo a la práctica.
En este sentido, existen dos puntos que abarca el nuevo Entendimiento, que esperemos se atiendan inmediatamente de forma colaborativa.
El primer acuerdo, fue la reducción de los homicidios y delitos de alto impacto. Esta medida surge en un contexto en donde se han acumulado más de 100 mil homicidios en los últimos tres años. Si se desea reducir los homicidios, se debe garantizar una correcta impartición de justicia para que se reduzca considerablemente la impunidad. Para ello, es prioritario fortalecer las corporaciones de seguridad a través de establecer modelos de investigación criminal, consolidar los servicios periciales, facilitar los mecanismos de denuncia y trabajar en la reparación del daño a las víctimas.
Un segundo acuerdo es atacar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales basadas en investigación e inteligencia. Es decir, coordinar mecanismos que se centren en romper las cadenas de suministro, fabricación, almacenamiento y distribución de drogas, armas y dinero. Ha quedado comprobado que la lucha no debe centrarse en la captura de líderes criminales sino en el bloqueo de flujos financieros y el decomiso de armas e insumos para la fabricación de drogas, lo que permitirá reducir las capacidades organizativas de los delincuentes.
Por último, no será posible abordar la crisis que enfrenta el país en el ámbito de la seguridad, si no va acompañada de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades e integrando mecanismos de participación ciudadana que ayuden a supervisar las estrategias en materia de seguridad.
Los desafíos son enormes, pero resulta fundamental insistir que para revertir el curso de violencia y barbarie que vivimos, lo tenemos que hacer de forma colectiva. Debemos de asumir como sociedad que la seguridad no solo se restablece por compromisos políticos internacionales, sino en el compromiso que asumamos como ciudadanos. Lo peor que podemos seguir haciendo es actuar con indiferencia ante la desgracia, desigualdad, exclusión y fragmentación social que azota nuestro país.
