Más allá de los desacuerdos y falta de consensos internos reconocidos públicamente por diversas consejerías del Instituto Nacional Electoral, la buena noticia es que, tanto funcionarios de la institución como representaciones partidistas, dan cuenta de que la logística del proceso electoral marcha de manera correcta. Las actividades organizativas se cumplen conforme con los plazos y calendarios establecidos. No obstante, diversas voces prenden focos de alarma en torno a un problema creciente que pone en riesgo el desahogo de las elecciones.
Tienen razón en proponer y exigir soluciones a un asunto que solo podrá atenderse con acciones en las que participen autoridades, ciudadanía, partidos, candidaturas y, específicamente, instituciones que tienen competencias y atribuciones legales para ello. El problema es verificar que éstas últimas lo quieran hacer, sobre todo las Fiscalías y Guardia Nacional que depende del gobierno federal y de los locales que administra Morena.
Vamos por partes. Estamos en intercampaña, bajo las reglas que establece la ley y los criterios fijados por el INE. Es momento para definir candidaturas, sabemos que partidos y coaliciones arman sus listas, distribuyen espacios y definen estrategias para las campañas. Justo por ello es pertinente la exigencia planteada por la consejera Norma Irene de la Cruz, quien la semana pasada pidió a los partidos que revisen con rigor a las personas que van a registrar en las candidaturas, que no estén vinculadas a los grupos del crimen organizado y que tomen medidas para que el dinero ilegal no llegue a sus campañas. Coincido, hay precedentes negativos y los partidos no pueden ser omisos a su responsabilidad pública para revisar a sus candidaturas, conocer su procedencia, sus vínculos y garantizar razonablemente su honorabilidad.
El Magistrado Felipe de la Mata generó polémica con sus reflexiones y propuestas, al llamar a que todas las autoridades hablen y reconozcan la intervención de grupos delictivos que inciden en las contiendas electorales. Cierto, como él dijo, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que estarán en las elecciones de este año. El problema es ver si el propio Tribunal, al resolver impugnaciones en asuntos donde se acredite la intervención del crimen organizado seguirá validándolas bajo el argumento de privilegiar y defender el voto ciudadano, porque eso, en la otra cara de la moneda, es abrir el portón para que la delincuencia organizada acceda a cargos de elección popular, con las consecuencias que ello pueda tener. Hay que dar un golpe de autoridad y atreverse a dictar la nulidad de una elección porque, con sus mismos ejemplos, ahí están las condiciones actuales de muchos municipios en Michoacán, Tamaulipas y muchas otras regiones del país.
Blindar los procesos electorales es una responsabilidad de todas y todos, de instituciones y partidos. No es correcto exigirle al INE que lo haga solo, puede contribuir, pero no es su atribución ni su tarea principal. Qué harán los partidos al presentar sus candidaturas, qué van a hacer las instituciones y los gobiernos federal y locales, esas son las interrogantes que deben resolverse.
Más allá de discursos cosméticos que dibujan realidades que no existen y quieren esconder las atrocidades que se viven en muchos lugares del país, está la urgencia de cerrar el paso al crimen organizado y su dinero ilícito y está la obligación del Estado mexicano de garantizar la vida de las y los candidatos y la de todas las personas que participan en las elecciones.
*Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
