La semana pasada las dos instituciones electorales más relevantes del país protagonizaron episodios inéditos y, en cierta medida, vergonzosos en su historia reciente. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se concretó la tercera remoción en su Presidencia, cuando tres de cinco magistraturas argumentaron pérdida de confianza y solicitaron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón para designar a Mónica Soto Fregoso.
Simultáneamente, entre el viernes y sábado anteriores, en el Instituto Nacional Electoral se discutieron dos propuestas para establecer reglas que se aplicarían para definir la ocupación de las titularidades de las áreas ejecutivas y, en su caso, para designar encargadurías de despacho. Uno de los proyectos fue presentado por Jorge Montaño y se circunscribía a conceder facultades a la Presidencia del Consejo para nombrar a alguna persona como encargada del despacho en la Secretaría Ejecutiva, pero la propuesta fue retirada; el segundo, fue impulsado y aprobado por seis consejerías para definir reglas específicas para la designación de las y los titulares en las áreas ejecutivas y para nombrar encargadurías.
Ambos hechos indican la ausencia de un diálogo necesario, permanente y constructivo entre las consejerías y las magistraturas para evitar, en el caso del Tribunal, normalizar las remociones como mecanismo habitual de resolución de sus conflictos internos, sin temor al daño que le generan a la imagen institucional y a su credibilidad social; mientras que en el INE se evidenció la división de su Consejo General en dos bloques que son reales y ponen en peligro la adecuada conducción de las actividades electorales, los cuales fueron exhibidos desde las bravuconadas discursivas que abundaron en adjetivos, descalificaciones y alusiones al pasado reciente, como si no se formará parte de ese pasado.
De forma distinta, las dos instituciones viven crisis y conflictos inéditos que llevaron a algunos de sus integrantes a hechos indeseables para dos instituciones del Estado mexicano de esta relevancia. De un lado, tres magistraturas decidieron declarar su inconformidad al Presidente saliente con el desplante de su inasistencia que publicitaron en la fotografía de un desayuno a la misma hora que se rendía el informe del Tribunal al pleno de la Suprema Corte de Justicia; por su parte, algunas consejerías hicieron eco de la representación morenizada del PRI en el Consejo General y en un hecho sin precedente se salieron de la sesión generando falta de quórum.
En plena organización de los procesos electorales concurrentes, tanto el INE como el Tribunal, en su rol de árbitros, tienen que garantizar apego a los principios constitucionales que rigen su actuación. No pueden generar dudas en su comportamiento y menos destruir su cohesión interna, porque se vuelven presa fácil de actores políticos oportunistas, tanto del oficialismo como de la oposición. El INE no puede funcionar a plenitud sin titulares en sus áreas ejecutivas, las encargadurías son temporales y no deben convertirse en un mecanismo de uso permanente para su funcionamiento. El Tribunal en su composición actual se ha caracterizado por la fragilidad de sus presidencias, urge estabilizar su funcionamiento o llegará muy debilitado a la calificación de la elección presidencial.
Las dos instituciones deben tener dos cuidados adicionales. Uno, el peligro de auto debilitarse en un entorno de polarización y de una política gubernamental que amenaza a los órganos autónomos y paulatinamente se apropia de ellos. Dos, el ejemplo y mensaje que envían a los OPLEs y a los tribunales locales, cómo corregir las faltas de esos organismos, cuando no pueden corregir las crisis propias.
Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
