El año que inicia es fundamental para el establecimiento de los equilibrios en el reparto del poder público. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral habrán de renovarse 20 mil, 367 cargos en el ámbito federal y en las 32 entidades federativas. Habrán de votar poco más de 98 millones de electores, cuya responsabilidad central estará en evaluar, informada y racionalmente, las opciones que aparezcan en las boletas.
Estamos en la parte conclusiva de las precampañas formales porque de facto, con métodos, plazos y costos distintos, tanto la coalición gobernante como la opositora tuvieron una primera edición de éstas bajo la denominación jurisdiccional de procesos políticos internos de los partidos. Será el 18 de enero cuando concluyan y mientras ello ocurre, el presidente de la república, en la mañanera del viernes pasado adelantó que el próximo 5 de febrero, en vez de acudir a Querétaro para encabezar el acto solemne conmemorativo del 107 aniversario de la promulgación de la constitución de 1917, presentará en Palacio Nacional un paquete de reformas a la carta magna.
Ello significa, por el momento que se vive, que el primer mandatario decidió que la implementación del plan C entra a la siguiente etapa en pleno desarrollo del proceso electoral. Sin disminuir la importancia de los beneficios que los trabajadores pudieran tener en sus salarios y pensiones, es claro que López Obrador prepara una embestida más en contra del Poder Judicial de la Federación, al insistir en la elección por voto popular de jueces y ministros y modificaciones electorales, según dijo, orientadas a disminuir los costos del INE.
Dichas reformas no tienen viabilidad conforme con la composición actual del congreso, no dispone de las mayorías calificadas necesarias y, si derivado de los resultados de los comicios del 2 de junio, Morena obtuviera las mayorías necesarias, la nueva legislatura entraría en funciones hasta el primero de septiembre, 30 días antes de que el presidente concluya su mandato. De cualquier manera, hay que considerar que el mecanismo de integración del senado no permitiría que el oficialismo obtuviese mayoría calificada.
La intención presidencial que subyace en la decisión de adelantar el paquete de reformas constitucionales, originalmente anunciadas para septiembre, es eminentemente electoral. Busca una carambola de doble banda: primero, quiere mantener ocupado al público en la deliberación sobre su paquete de propuestas mientras corren las campañas y las candidaturas afines al presidente hacen y deshacen sin freno alguno; y el segundo, es que si se genera alguna votación sobre sus propuestas y la oposición las rechaza, tendrá materia suficiente para señalar que él promueve beneficios para el pueblo, mientras que los legisladores de los partidos de oposición los impiden. Son temas de campaña.
Son momentos en los que todos debemos estar más atentos al curso de los procesos electorales y a las propuestas que presenten las candidaturas para resolver la problemática que aqueja al país y no al debate que van a generar las iniciativas de reformas constitucionales. Se trata de un nuevo distractor generado por el presidente que asume funciones de jefe de campaña para favorecer las aspiraciones de las candidaturas oficialistas y tiende una trampa peligrosa a las candidaturas opositoras. Él sabe que no tiene mayorías calificadas para aprobarlas, pero quiere tener argumentos para destrozar electoralmente a sus adversarios.
Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
