El Presidente de la república decidió la estrategia de campaña de Morena y sus partidos aliados a partir de la presentación de un paquete de 18 iniciativas de reformas a la constitución y 2 a leyes secundarias. Más allá de los contenidos propuestos en cada una y de la viabilidad que para su aprobación pudieran tener, hay propósitos reconocidos públicamente para que se conozcan por el electorado con la puesta en marcha de un ambicioso plan para su difusión.
De implementarse lo que algunas voces del oficialismo han declarado, como es el caso de Ignacio Mier, se prepara una estrategia nacional para que sean comentadas en foros que habrán de celebrarse en todo el país: al menos, 37 foros de deliberación nacional, 5 sesiones de parlamento abierto, 32 foros estatales, cinco en las circunscripciones plurinominales, 300 asambleas informativas, una por cada distrito electoral.
Al margen de lo estrambótico del plan de difusión, el primer mandatario ha diseñado una estrategia invasiva intentando que la supuesta deliberación de las propuestas adquiera la mayor centralidad posible, que en todo el país se hable de sus iniciativas, aunque no tenga las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores para la aprobación de las que resultan más polémicas y sobre las cuales los partidos opositores han señalado que no las aprobarán.
Esa cantidad de foros se organizaría en plenas campañas electorales, con la mayor cobertura posible, distrayendo la atención de las y los mexicanos que se verían atiborrados de mensajes alusivos al tema, propiciando que pierdan interés por las propuestas de las candidatas y candidato presidenciales, mientras que la presencia de todas las candidaturas opositoras se reduciría a su mínima expresión y prácticamente serían invisibilizadas. Serían las candidaturas del oficialismo las beneficiadas, las que se presentarán asumiendo el compromiso de apoyar y asumir las pretendidas reformas.
Pareciera que el Presidente gana en cualquier escenario. Lo cierto, es que tiene urgencia de que el país hable de sus iniciativas y no del socavón que las investigaciones periodísticas recientemente publicadas abrieron a su legitimidad, aunado a los efectos de la difusión hecha en redes sociales, por el posible financiamiento del crimen organizado a la campaña del 2006 y de los posibles vínculos de sus hijos en actos de corrupción.
El escenario electoral se advierte muy complicado para las candidaturas de la oposición, pero también para las autoridades electorales hoy atoradas en múltiples declaraciones sobre la presencia del crimen organizado en elecciones anteriores y en los procesos en marcha, todavía sin definir protocolos satisfactorios para garantizar la seguridad de candidaturas y funcionarios electorales. Están también los riesgos que derivan del intervencionismo de los servidores públicos que han demostrado un apego nulo a la constitución que les obliga a no intervenir en las elecciones, pero que en la difusión de las iniciativas presidenciales tendrán una oportunidad invaluable para participar en franca violación a la ley.
El comportamiento de las autoridades electorales, federales y locales y, sobre todo, su capacidad real para garantizar una organización pulcra y la autenticidad de las elecciones es una incógnita, más aún si consideramos los problemas actuales de la inseguridad pública, las reducciones presupuestales en diversas entidades federativas y el hecho de que muchos institutos y tribunales electorales están incompletos, porque deliberadamente no se han designado a quienes ocupen las vacantes.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral
@MarcoBanos
