De acuerdo con el Poll of Polls de Oraculus, en el agregado de las principales encuestas por la Presidencia, la candidatura oficialista llevaría, al corte del 8 de abril, una ventaja sobre la de oposición de 24 puntos porcentuales. A muchos esto nos parece contraintuitivo por los resultados de las elecciones federales del 2021 e incluso las de 2018, máxime en un entorno tan polarizado y con tanta variación en los números de las casas encuestadoras.
No obstante, ese agregado apenas se ha movido dos puntos desde julio de 2023 y estamos a dos meses de los comicios. Si, con todos los reparos que se les puedan hacer a las encuestas, algo dicen para fines de estrategia, en el caso de la candidatura de la oposición (la de Movimiento Ciudadano está en 6%) se necesita ya, clara y urgentemente, una campaña más disruptiva y de mayor impacto.
De entrada, para ver una competencia más reñida, es indispensable fomentar el involucramiento ciudadano y una gran participación el 2 de junio, capaz de desafiar el escenario que perfilan, sea con fidelidad o distorsión, estos ejercicios demoscópicos.
Vencer al abstencionismo es reto primordial, fundamentalmente para la oposición, tanto en la campaña por la presidencia como para el Congreso y las nueve gubernaturas a renovar. Lo es para todos los ciudadanos, y en particular para quienes queremos un México con pluralidad política y contenciones democráticas al poder.
Para lograr esa afluencia es crítico que quede claro lo que está en juego en ese sentido: la disyuntiva entre un México plural y democrático, como base para afrontar los retos colectivos, o uno que se encarrera a la concentración de poder sin contrapesos, como se dio en el país en toda su historia hasta que acudimos a una transición democrática, con todas sus imperfecciones, pendientes y riesgos, pero también como una esperanza y una voluntad cívica.
Lo fundamental en estas elecciones es eso. El contraste entre la aspiración de un país de instituciones de Estado democrático de derecho y la de un grupo político que considera que, sea por las causas que propugna o su popularidad, debe estar por encima de éstas.
En tanto se haya una gran participación cívica, con responsabilidad de cada uno de nosotros sobre esa decisión crucial, las elecciones no pueden estar definidas de antemano. Más allá de lo que muestren las encuestas, que, además, como conjunto, adolecen de muchos problemas.
En el Poll of Polls, las diferencias son tan grandes que es imposible no pensar que algo no está funcionando bien en esa industria. Las de menor distancia dan una ventaja de menos de 20 puntos a la candidata puntera: 18 puntos en el caso del El Financiero, o 13, de Altica. En cambio, otras le dan más de 30: Covarrubias, 32; Demotecnia, 35, y Simo, ¡40!
Como ha expuesto en un interesante artículo en Nexos el consultor en campañas electorales Rafael Giménez Valdés, es evidente que ahí hay una distorsión, que esto puede estar distorsionando el debate y la formación de la opinión pública, y que se ha convertido en una herramienta de propaganda, sea para generar un efecto de “enganche” a al carro puntero o desalentar la participación y el llamado voto útil, generando un ambiente emocional de inevitabilidad o profecía autocumplida.
La clave es darle la vuelta a eso: que lo que decida sea el voto masivo, informado y consciente, de todos los que tenemos más de 18 años, de la disyuntiva frente a nosotros, yendo a nuestra casilla, sin pretextos, y votando responsablemente.
Hasta ese día sabremos si buena parte de estas encuestas sobreestimaron a la candidatura oficialista. Entre tanto, hay otros probables predictores contrastantes con las encuestas; en concreto, los votos efectivos en las últimas elecciones.
Como las del Estado de México, considerado como microcosmos del país en materia electoral. Ahí, en 2023, las encuestas promediaron ventajas de 18 a 20 puntos porcentuales a favor de la candidata que acabó ganando, pero ésta lo hizo por solo ocho. Giménez Valdés destaca que las encuestas pudieron provocar efectos importantes en el comportamiento de actores políticos y, aunque es difícil saber a cuántos votantes desanimaron o “engancharon al carro ganador”, puede verse como un ensayo de estrategia para el 2 de junio.
En datos observados y no de predicción, en la elección federal de 2021, la coalición gobernante obtuvo 45% de la votación, muy lejos de los niveles de 60% que hoy se manejan, y el bloque opositor (sin incluir a MC), casi 40 por ciento. Eso se dio con una asistencia de menos de 53% del electorado. En los comicios sexenales, la participación ha estado entre 60%, y ahora no tendría por qué ser distinto, incluso superando el promedio.
En 2018, el ganador de la contienda presidencial recibió 53.2% de los votos, contra un voto dividido de dos contrincantes importantes. Con un padrón de casi 90 millones, lo respaldaron unos 30 millones. Según las encuestas de hoy, la candidatura oficialista, contra una sola candidatura relevante y una lista nominal de casi 100 millones, aumentaría la marca en unos 6 millones.
Son contrastes con las encuestas que, nuevamente, parecen contraintuitivos. Por sentido común, difícil creer que la distancia pueda ser de más de 10 puntos porcentuales. En todo caso, nos dicen que no puede darse por cantado un resultado desde ahora, máxime si las campañas son de mayor contraste y alientan una participación ciudadana masiva, que entiende la trascendencia de su decisión.
Un punto crucial, en el que da el clavo lo que recién publicó Enrique Krauze: la democracia mexicana tiene apenas la edad de los jóvenes que van por primera vez a las urnas, pero los jóvenes votan poco. A muchos, con más años, nos preocupa el futuro de ésta; vivimos cuando no existía; que no ocurra que los jóvenes tengan que empezar a valorarla si llegase a faltar.
