El propio Gobierno federal reconoce que el paquete que lanzó de 20 iniciativas de reformas, 18 de ellas constitucionales, tiene motivación electoral. Otra vía de intervenir en el proceso, en contravención a las restricciones legales dispuestas contra ello, cada vez menos aplicadas.
Se reconoce que no hay los votos necesarios, pero queda el impulso de imponer una agenda política, económica y social. De concentrar en ello el debate público nacional y de las campañas presidencial y por la renovación de las cámaras de senadores y diputados federales, desviando la atención de asuntos del aquí ahora y de retos fundamentales en los que hay que tomar decisiones de nación urgentes y trascendentes.
Como si se tratase de sujetar al siguiente gobierno a una agenda y una visión de país, que además son altamente polarizantes, sin mínimos consensos. Que gane quien gane tenga que ocupar tiempo y recursos en la ideología e intereses de un gobierno que ya tuvo su oportunidad, en vez de iniciar el sexenio con flexibilidad, capacidad y prioridades para una nueva fase.
Se confirma una seña de identidad de la conducción política del país en estos años: el rechazo al diálogo y al reconocimiento de la pluralidad nacional; la apuesta por la imposición.
Hemos comentado que el principal problema de este paquete está en las iniciativas de índole política. De pasar, alterarían de raíz el régimen político del país, en detrimento de la división de poderes y los pesos y contrapesos en el Estado mexicano. Sin embargo, se plantean cambios altamente disruptivos en un amplísimo espectro de temas, sin revisión de pros y contras, ni de viabilidad, incluso en función de principios constitucionales o compromisos nacionales con tratados internacionales.
Ya hemos hablado de las reformas en materia política y judicial, así como de la de pensiones. Una rápida revisión otras confirma la inconsistencia general y enormes riesgos en múltiples áreas.
La reforma sobre el maíz transgénico está contaminada con altas dosis de ideología, además de que implica un grave conflicto en el marco del TMEC. Mucho qué perder, nada por ganar. Prohibir el uso de organismos genéticamente modificados condena a nuestro sector agroalimentario al atraso. Lejos de ayudar a la autosuficiencia, agudizará la dependencia de importaciones o, en su defecto, el desabasto.
Se plantea establecer la garantía del derecho humano al agua, con prioridad del consumo personal y doméstico. Como es costumbre en México, se postulan derechos en el papel en lugar de hacer lo necesario para cumplirlos. En cambio, una disposición así provocaría una enorme incertidumbre para el campo y la industria por la falta de certeza jurídica.
Paradójicamente, la necesaria reforma a Ley General de Aguas lleva más de una década sin avance, mientras los gobiernos han descuidado la planeación, las inversiones y el desarrollo de políticas públicas responsables en la materia, dejándonos hoy en un punto crítico ante el escenario del cambio climático y el deterioro de nuestras reservas e infraestructura hídrica. Trabajar en ello es lo urgente; no llenar la Constitución de promesas que no se cumplen.
En cuanto al sector energético, se insiste en una reforma que ha sido evidenciada como inconstitucional e inconsistente con el TMEC, además de retroceso al modelo energético de los años 70, en plena era de la transición a la economía de bajo carbono y con la oportunidad del nearshoring.
Se plantea prohibir concesiones para actividades de minería a cielo abierto y fracking. Otro mal precedente para la certeza jurídica y la inversión en un sector que representa 4% del PIB y que ha sido afectado severamente por ello en estos años. Con la fracturación hidráulica ocurre lo mismo que con el maíz transgénico: una medida ideológica que cancelaría la oportunidad de producir más gas.
Se plantea un mayor control del Estado de las vías férreas y que el transporte de pasajeros por éstas sea área prioritaria del desarrollo nacional. ¿Realmente lo es? No se demuestra por qué; ni siquiera se intenta hacerlo con consistencia. Cuál sería la afectación a lo que sí es fundamental, aquí y ahora: una red logística multimodal eficiente, a la altura de nuestra economía y su proyección en las cadenas productivas internacionales.
Se propone elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del que no hay evidencia de que haya funcionado para los propósitos formulados originalmente y, en cambio, con señalamientos de uso para fines de clientelismo electoral e incluso de corrupción. Apoyo económico mensual equivalente a al menos un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años en desocupación laboral y que no estén en la escuela, por hasta 12 meses.
Algunas iniciativas muestran claramente la falta de seriedad en el paquete, en general. Por ejemplo, ¿por qué prohibir los vapeadores y no los cigarros tradicionales? ¿De qué tamaño será la Constitución de México si va a incluir cuestiones tan específicas como el tratamiento del fentanilo?
Nuestra Carta Magna, como en todo Estado democrático, debe ser un marco fundamental para el régimen político y jurídico de la nación. Con bases para la economía y otros aspectos claves, pero no al grado de incluir cada cosa que le parezca importante a cada nuevo gobierno.
Se plantea precisar en la Constitución el derecho a la atención médica integral, universal y gratuita. ¿Quién puede oponerse? Pero el reto es hacerlo realidad. Por ahora, en estos años ha caído dramáticamente el acceso de la población a servicios de salud, con cambios desastrosos en el sistema de distribución de medicamentos, reducciones presupuestales, la desaparición del Seguro Popular.
Trabajar en estos retos puntuales es lo que urge, no desfigurar más la Constitución.
