La crisis de agua en México no debería caernos por sorpresa. Especialistas han alertado de ello desde hace años, ante una situación límite en ciudades y en el campo. En la Zona Metropolitana del Valle de México, con casi 22 millones de habitantes, la emergencia no sólo exige respuestas inmediatas: es un último aviso para evitar una situación inmanejable; para actuar consecuente y oportunamente.
Desde hace mucho se sabe que con el cambio climático se incrementaba el riesgo derivado de la deficiente planeación, inconstancia, falta de inversión, y en general, mala gestión del agua, y las cosas han ido a peor en los últimos años. Ahora, como de costumbre, se reacciona ya con el problema encima.
Tal como en la pandemia, se improvisa y, en vez de convocar a un frente común –municipios y estados, especialistas, empresas, sociedad civil–, se endosa la responsabilidad a gobiernos anteriores, la industria o a la propia población. Se minimiza el problema, se politiza.
Es importante tener claro las causas porque de lo contrario no podemos tener claras las soluciones, tanto de corto plazo como las de mediano y largo, que también deben ser acometidas con urgencia. Confundir a la población es un ingrediente de una receta para el caos.
El problema no está en la industria, que ocupa 5% del total del agua consumida en México. Hay puntos de mejora, pero cada vez hay más y mejores sistemas de tratamiento y para reciclar. El sector agropecuario, en cambio, usa más de 76 por ciento. Ahí sí hay un gran reto, con múltiples áreas de oportunidad: de adopción de nuevas tecnologías, lo mismo en sistemas de riesgo o digitalización, a mejores esquemas de concesiones y tarifas.
Tampoco está el principal problema en cómo usamos el agua en los hogares, con el abastecimiento urbano ocupando 14% del total. Todos debemos ser más conscientes y cuidadosos; cambiar hábitos. Pero esto ya ocurre. Más y más personas se acostumbran a vivir con un abasto escaso e irregular. La disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos en 1960 a 3.2 mil. La gente contrata pipas, guarda reservas en botes, construye cisternas, acomoda su vida a sistemas de tandeo. Reducir el consumo personal ayuda, pero no está ahí el meollo del desafío.
El problema central es el olvido y la falta de planeación, coordinación y constancia para un manejo adecuado del agua en la responsabilidad gubernamental. Máxime con un panorama de sequías más frecuentes, prolongadas y en más zonas. Esto incluye el descuido de las reservas superficiales y subterráneas, de los bosques, de la infraestructura hídrica pública urbana y en el campo, en gran medida obsoleta. Pasividad y negligencia.
El 40% del agua distribuida en ciudades, incluyendo el Valle de México, se pierde por fugas en las redes. 60% de las aguas residuales no se trata. En los últimos cinco años, los reportes de tomas clandestinas de agua potable en Ciudad de México crecieron más de 150%, el “huachicoleo” que fractura tuberías y afecta el volumen que llega a hogares. Casi 100% de nuestros ríos y lagos está contaminado. Los acuíferos, sobreexplotados.
El presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha tenido reducciones anuales de 50% en este sexenio. Para el próximo, una de 12%, cuando se calcula que, para revertir la situación actual y estar a la altura de lo que viene, deberíamos invertir al menos 84 mil millones de pesos anuales por 20 años consecutivos.
Peor aún, este Gobierno eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Su fin era justamente contar con disposición inmediata de recursos ante emergencias. Desastres como un huracán, pero también sequías que comprometan el abasto de agua a la población. Como hoy en varias alcaldías y municipios del Valle de México que dependen en más de 70% del sistema Cutzamala, cuyas presas están en niveles por abajo del 40%, al borde de que en un par de meses ya no se pueda bombear y potabilizar su agua.
Naucalpan, con casi 900 mil habitantes, ya ha solicitado declaratoria de emergencia. Se pide a estos municipios y alcaldías que rehabiliten o perforen pozos, presionando aún más sus ya comprometidos acuíferos, con extracciones a más de 400 metros. O más entrega con pipas. Que se las arreglen por sí solos. En todo caso, se requiere tiempo y dinero y la crisis está encima.
El Gobierno minimizó la desaparición del Fonden y el uso de sus recursos para otros fines, aduciendo que habría presupuesto ante emergencias. Pues hoy tenemos una, y de gran dimensión.
Estas declaratorias están justificadas para la activación del protocolo de apoyo a la ciudadanía afectada, en buena parte a través de los municipios. La Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional emitieron informes de sequía extrema desde hace tiempo. Alrededor de 75% de las presas del país se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Esto configura una condición de desastre conforme a la Ley General de Protección Civil. Para la población urbana y las zonas agrícolas con riesgo de perder los ciclos de cultivos.
Urgente: 1) la declaratoria de desastre donde amerite, incluyendo en el área metropolitana de la Ciudad de México. 2) Convocar a construir una agenda de largo plazo para garantizar la sustentabilidad del agua en el país.
Efectiva coordinación federal y municipal, con visión de zonas metropolitanas. Inversión y modernización. Un programa cero fugas. Más tratamiento. Renovación de infraestructuras, tecnificación de sistemas. Captación y tratamiento de agua de lluvia (en el valle de México llueve casi tres veces el volumen usado). Como ha pedido Coparmex, una nueva Ley General de Aguas con visión de largo plazo para emprender cambios de fondo. Llevamos al menos cinco años esperando y es momento de que el Congreso haga lo que le toca.
