/ miércoles 9 de septiembre de 2020

Glifosato: la Primavera Silenciosa de México

En 1962 en Estados Unidos, Rachel Larson publicó el libro titulado La Primavera Silenciosa, resultado de varios años analizando la situación del uso del DDT en productos agrícolas y sus efectos postconsumo en la salud humana. La conclusión presentada fue que el uso de pesticidas era altamente cancerígeno y tras una serie de evidencias presentadas, dos años después, se promulgó la primera ley que regulaba el uso de pesticidas.

En el mismo periodo, en la actual Unión Europea, aún no se había analizado el 97% de las sustancias agrícolas que se utilizaban; fue en 1981 que se integró el primer inventario de sustencias químicas, prohibiendo aquéllas que causan afectaciones evidentes al ser humano. Uno pensaría que este tipo de hechos inciden positivamente en el actuar de la comunidad internacional en su conjunto, en consecución de una serie de principios de Derecho Internacional y de los diversos instrumentos jurídicos de los cuales México es signatario, y me refiero concretamente a la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972 , la de Río de Janeiro en 1992 y a la de Johannesburgo en 2002, referidas todas a obligaciones dirigidas a alcanzar el desarrollo sustentable.

El modelo de producción agrícola vigente en México sigue fundamentándose en el uso de fertilizantes y aunque hacemos alarde de que el gobierno federal le apuesta al ambiente y a la salud humana, en congruencia con los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados, en realidad vivimos una contradicción. Actualmente en el país utilizamos el glifosato como principio activo de diversos herbicidas, y hay evidencias de que éste sí tiene afectaciones en la salud humana al ser un producto altamente cancerígeno y, sin embargo, se encuentra en productos de alto consumo en la dieta alimenticia del país, como son las tortillas, por citar solo un ejemplo.

Hace un par de semanas, el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, reveló públicamente una serie de datos técnicos sobre el herbicida, e hizo señalamientos personales hacia homólogos del gabinete por estar fomentando agronegocios con base en dicho herbicida, en vez de apostarle a la agroecología y privilegiar la salud humana. Pareciera que la evidencia del glifosato en productos agrícolas no tenía, hasta ese momento, evidencias de prohibición. Aunque seguramente en México no contamos con estudios recientes sobre la dimensión de los impactos del herbicida en la salud humana y el medio ambiente, sí debemos de ser congruentes con nuestras obligaciones y aplicar el principio de precaución para proteger a la población y nuestro patrimonio natural y evitar el uso de químicos perjudiciales.

Apoyémonos en las evidencias de organismos internacionales, como por ejemplo las aportadas por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que publica que el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena en las personas y causante de problemas dermatológicos, abortos, daños a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas. Y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta datos relativos a la forma en la que se utiliza dicho herbicida que amenaza la biodiversidad en su conjunto, principalmente a peces y anfibios.

Después de los señalamientos públicos del funcionario federal, en México debería de haber una exigencia en la aplicación del “principio precautorio” del derecho internacional, que claramente señala “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

No queremos vivir la primavera silenciosa mexicana por privilegiar los negocios de unos cuantos, y no pensar en el interés colectivo. Es urgente hacer un cambio en el modelo de producción agrícola del país; de lo contrario, mañana estará otro fertilizante puesto bajo la lupa. No podemos continuar fomentando el cultivo de semillas con alto contenido de fertilizantes.

En 1962 en Estados Unidos, Rachel Larson publicó el libro titulado La Primavera Silenciosa, resultado de varios años analizando la situación del uso del DDT en productos agrícolas y sus efectos postconsumo en la salud humana. La conclusión presentada fue que el uso de pesticidas era altamente cancerígeno y tras una serie de evidencias presentadas, dos años después, se promulgó la primera ley que regulaba el uso de pesticidas.

En el mismo periodo, en la actual Unión Europea, aún no se había analizado el 97% de las sustancias agrícolas que se utilizaban; fue en 1981 que se integró el primer inventario de sustencias químicas, prohibiendo aquéllas que causan afectaciones evidentes al ser humano. Uno pensaría que este tipo de hechos inciden positivamente en el actuar de la comunidad internacional en su conjunto, en consecución de una serie de principios de Derecho Internacional y de los diversos instrumentos jurídicos de los cuales México es signatario, y me refiero concretamente a la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972 , la de Río de Janeiro en 1992 y a la de Johannesburgo en 2002, referidas todas a obligaciones dirigidas a alcanzar el desarrollo sustentable.

El modelo de producción agrícola vigente en México sigue fundamentándose en el uso de fertilizantes y aunque hacemos alarde de que el gobierno federal le apuesta al ambiente y a la salud humana, en congruencia con los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados, en realidad vivimos una contradicción. Actualmente en el país utilizamos el glifosato como principio activo de diversos herbicidas, y hay evidencias de que éste sí tiene afectaciones en la salud humana al ser un producto altamente cancerígeno y, sin embargo, se encuentra en productos de alto consumo en la dieta alimenticia del país, como son las tortillas, por citar solo un ejemplo.

Hace un par de semanas, el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, reveló públicamente una serie de datos técnicos sobre el herbicida, e hizo señalamientos personales hacia homólogos del gabinete por estar fomentando agronegocios con base en dicho herbicida, en vez de apostarle a la agroecología y privilegiar la salud humana. Pareciera que la evidencia del glifosato en productos agrícolas no tenía, hasta ese momento, evidencias de prohibición. Aunque seguramente en México no contamos con estudios recientes sobre la dimensión de los impactos del herbicida en la salud humana y el medio ambiente, sí debemos de ser congruentes con nuestras obligaciones y aplicar el principio de precaución para proteger a la población y nuestro patrimonio natural y evitar el uso de químicos perjudiciales.

Apoyémonos en las evidencias de organismos internacionales, como por ejemplo las aportadas por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que publica que el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena en las personas y causante de problemas dermatológicos, abortos, daños a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas. Y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta datos relativos a la forma en la que se utiliza dicho herbicida que amenaza la biodiversidad en su conjunto, principalmente a peces y anfibios.

Después de los señalamientos públicos del funcionario federal, en México debería de haber una exigencia en la aplicación del “principio precautorio” del derecho internacional, que claramente señala “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

No queremos vivir la primavera silenciosa mexicana por privilegiar los negocios de unos cuantos, y no pensar en el interés colectivo. Es urgente hacer un cambio en el modelo de producción agrícola del país; de lo contrario, mañana estará otro fertilizante puesto bajo la lupa. No podemos continuar fomentando el cultivo de semillas con alto contenido de fertilizantes.