Por: Eduardo Andrade
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, la pregunta más trascendente en la actualidad es cómo poder lograr pasar de la línea aspiracional de tener infraestructura de primer mundo a realmente tenerla.
El meollo del asunto inicia con no suponer que el recurso fiscal es por principio la limitante, dado que la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) que fue promulgada hace algunos años a nivel federal, y que cada vez han adoptado más estados, permiten que la inversión inicial para los proyectos provenga de un mercado de capitales con amplia disponibilidad para apoyar proyectos que tengan sentido y beneficios para la sociedad.
Sin pretender definir en una sola frase que quiere decir la ley mencionada en el párrafo anterior es algo como que el Estado pone la necesidad social a resolver, mientras que el privado pone el dinero inicial y se encarga de operar y mantener la infraestructura posteriormente. Todo dentro de límites que cada administración, cada faceta de la actividad gubernamental y cada caso conllevan.
Este mecanismo tiene diferentes formas de aplicación en el mundo y ha progresado en su forma de aplicación desde una base muy rudimentaria hasta grados de sofisticación elevados en los que los gobiernos se comprometen a pagar ciertos servicios, siempre y cuando estos cumplan con estrictas normas de calidad y oportunidad. Y si no se cumplen simplemente no se paga. La curva de aprendizaje coincide con el cambio de paradigma en México.
En estos esquemas los incentivos de las partes se alinean cada vez mejor para poder cumplir con las expectativas de servicios de calidad por parte de la ciudadanía en sus necesidades por una parte, y con los oferentes de servicios públicos que hacen las empresas privadas.
El Estado mantiene su responsabilidad de proveer a la población de servicios generales actuando como regulador de las actividades de los privados y como garante que los ciudadanos reciban lo que esperan. El Estado se hace responsable de ser Estado, sin tener que poner el dinero de inversión por delante, y obligándose a tener disponible el dinero que se requiere para compensar al prestados externo de servicios por la operación y mantenimiento de los mismos.
Es parte fundamental de la planeación de la infraestructura que se haga tan robusta como sea posible en el ánimo de no construir elefantes blancos que posteriormente se encuentren subutilizados. Esta planeación no es exclusiva a las APPs, en realidad se extiende a cualquier tipo de infraestructura, la financie quien la financie, la construya quien la construya y la opere quien la opere. Si un hospital queda grande para la población que debiera atender es independiente de si se utilizaron impuestos para construirlo, o si se financió mediante un privado; el problema habrá sido de planeación, y no de quién lo financia. Si por una autopista no pasa nadie, en principio no es asunto del origen del dinero para construirla, sino de un mal estudio de tráfico.
Es indispensable, entonces, que el estado fortalezca sus mecanismos de detección de necesidades sociales, y el estudio de las características de las soluciones que podría implementar para satisfacerlas. Esta sería la base y origen para poder contar con servicios de calidad, proporcionen una mejor calidad de vida y reduzcan la brecha de la desigualdad.
Un Estado moderno está obligado a manifestarse como tal al no tener que erigirse como el proveedor de absolutamente cada una de las actividades económicas referidas a los servicios sociales si puede encontrar un camino, mixto, mediante el cual todos los agentes económicos ponen lo mejor de sí para poder suministrar estos servicios.
No hay razón por la que los servicios públicos no tengan la misma calidad fundamental que aquellos que se presta por el sector privado para aquellos que son capaces de pagar por ellos.
Un gobierno como el del futuro presidente Andrés Manuel López, con la solidez que le dio la abrumadora ventaja en la votación presidencial, tiene una inmensa fuerza para poder ser rector de estas actividades sin la necesidad de tener que ser dueño de los activos mediante los cuales se presten.
México requiere de infraestructura pública de calidad; la necesidad siempre ha existido, el mecanismo para cumplir ahora está disponible.
eduardoandrade@mexiconecesitaingenieros.org
