Por: David Blanc Murguía
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió que la población carcelaria es mucho más vulnerable al coronavirus (COVID-19) debido a las condiciones de confinamiento, y que éstas son fuente de infección, ampliación y propagación de la enfermedad, dentro y fuera de las cárceles.
Por lo anterior, la OMS emitió una serie de recomendaciones para la preparación, prevención y control del COVID-19 en prisiones y centros de detención. A la luz de estas recomendaciones, parecería que México no sólo se encuentra lejos de tener las condiciones mínimas para hacer frente a la pandemia en las cárceles, sino que camina en un sentido contrario, aplicando medidas que fomentan el contagio.
El sistema penitenciario mexicano ha estado en abandono durante mucho tiempo, y diversos problemas han llenado el vacío que ha dejado un Estado ausente. Uno de los más evidentes es la falta de control en los penales, y el autogobierno a cargo de grupos delincuenciales. Basta recordar que, durante los primeros meses de este año, hubo riñas en los penales de Cieneguillas (Zacatecas), Barrientos (Estado de México) y Atlachoyala (Morelos), dando como resultado la muerte y lesión de diversos reos, e incluso la fuga de un número “impreciso” de ellos. Otros problemas son la carencia de servicios básicos de salud e higiene, como la falta de agua en sanitarios y regaderas en la mayoría de las prisiones; o bien, los problemas de hacinamiento, en donde casi la mitad de la población penitenciaria del país comparte celda con más de cinco personas.
Ante este escenario, no queda duda que las prisiones en el país carecen de las condiciones mínimas para realizar labores de prevención del COVID-19. ¿Cómo será posible aplicar las medidas de higiene respecto al lavado de manos si no hay agua en las prisiones? o ¿de qué manera se adecuarán espacios para el tratamiento de casos detectados o sospechosos en lugares con sobrepoblación? Por mencionar sólo algunas de las recomendaciones emitidas por la OMS.
Por si fuera poco, hay un factor que, no sólo nos aleja de las medidas sugeridas por la OMS, sino que van en sentido contrario: la prisión preventiva oficiosa. El actual gobierno amplió el catálogo de delitos que ameritan esta medida “extraordinaria”. De manera muy sencilla, lo anterior se traduce en meter mayor cantidad de gente a las cárceles. Ahora, la prisión se da de manera “automática”, violando el principio de presunción de inocencia. Esta medida contraviene, como mínimo, las recomendaciones respecto al distanciamiento entre la población carcelaria, y la generación de espacios para prevención y tratamiento. Si el gobierno mantiene la prisión preventiva oficiosa bajo estas circunstancias, no sólo será injusto, sino también irresponsable, e incluso criminal.
Todos los gobiernos, locales y federal, son responsables de la crisis penitenciaria en la que se encuentra sumergido el país, y de las consecuencias que, trágicamente, sucederán con la pandemia. ¿Será posible que, ante un escenario tan delicado, las autoridades dejen de ignorar el tema y tomen las medidas necesarias para revertir la situación? De inicio, es urgente que emitan un plan de prevención y reacción ante el COVID-19 en las cárceles y eliminen, de manera inmediata, la prisión automática; no sólo por el virus, sino porque es un disparate desde inicio. Después, poner en marcha una auténtica reforma penitenciaria que permita la reinserción social.
Las autoridades están en deuda por olvidar el sistema penitenciario y condenarlo a subsistir bajo condiciones precarias e inhumanas. La crisis penitenciaria se agravará frente a la pandemia, y las consecuencias podrán ser fatídicas si no se actúa con prontitud. Las autoridades deben estar a la altura de esta demanda, o sólo acrecentarán su deuda.
