Por Nancy Angélica Canjura Luna.
Recientemente, el caso de brutalidad policíaca que mantiene el foco de la atención en un estado que nunca da de qué hablar en temas de inseguridad, como lo es Yucatán, es el homicidio contra José Eduardo Ravelo Echeverría, de 23 años, quien fue presuntamente asesinado y abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida, el pasado 21 de julio, y que murió en un hospital a causa de dicha agresión.
Este caso trascendió a nivel nacional por la manifestación que realizó al exterior del Palacio de Gobierno la madre de la víctima, con el féretro donde se encontraba el cuerpo de su hijo; aunado a una serie de irregularidades en la investigación de los hechos, entre ellas, que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mérida negó la existencia de videos del día de la detención de Ravelo; sin embargo, la defensa de los elementos acusados presentó grabaciones que favorecían su presunción de inocencia, y que derivaron en que éstos no fueran vinculados a proceso.
El caso ha tomado tal notoriedad que el presidente informó que solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables y a las autoridades que pudieran estar encubriéndolos.
Si bien lo ocurrido contra José Eduardo no es un hecho recurrente en México, los eventos donde se denuncia un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía no son hechos aislados. Como muestra de ello están el feminicidio contra Victoria Esperanza Salazar Arriaza, originaria de El Salvador, por parte de cuatro elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo, el pasado 29 de marzo, causando indignación en todo el país. De igual forma, aunque menos mediática, la detención de una mujer por parte de policías municipales de Cárdenas, Tabasco, en julio pasado, y que una vez esposada fue agredida por los elementos que la trasladaban en una patrulla y cuya acción fue captada por automovilistas y transeúntes que grabaron la escena con sus celulares.
También policías estatales, militares y marinos han cometido abusos sonados e indignantes; si acaso se registran más eventos de parte de policías municipales es porque su contacto con la ciudadanía es más frecuente. En el análisis de este tipo de hechos es común escuchar el argumento de que se trata de “manzanas podridas”, elementos que actúan de forma inadecuada, sin ética o de forma contraria a la norma; esta analogía se usa para explicar de forma simplista el mal actuar de servidores públicos; sin embargo, el uso de este argumento impide reconocer las fallas estructurales que pudieran alentar o dejar en impunidad estas conductas.
La brutalidad policial de la que dan cuenta estos ejemplos no tiene una explicación única, basada en el comportamiento de uno u ocho elementos, sino que es producto de una institución en crisis. Al igual que los asesinatos de policías, estos hechos son una muestra de lo imperativo que resulta revisar el estado de las policías locales, sus protocolos, sus mecanismos de rendición de cuentas y control, los perfiles y capacitación de sus recursos humanos; su equipamiento, su relación con los mandos y con otros funcionarios, etc.
Simplificar la crisis de las policías a través de la dicotomía entre buenos y malos limita la posibilidad de reformarlas y reforzarlas. Las fallas que se exhiben en este caso no solo alimentan la corrupción y la impunidad, sino que cuestan vidas; sin embargo, no hay que perder de vista que estamos en un gobierno que, al ver manzanas podridas, es capaz de descartar seguir plantando manzanos.
