Una vez aprobadas las leyes secundarias del Acuerdo Educativo promovido por el Presidente López Obrador, la implementación de este proyecto quedó ampliamente clarificada en la comparecencia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, como parte de la glosa del primer informe presidencial. Ante los diputados expuso los elementos fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana quedando de manifiesto que no se trata solo de eliminar los aspectos negativos de la reforma anterior sino de construir un modelo diferente de la educación en el país.
Las objeciones opositoras fueron refutadas con nitidez y contundencia; entre otras, la de haber abandonado la evaluación y cedido la rectoría del Estado. El secretario aludió a lo dicho por una maestra respecto a que los profesores no pueden ser enemigos de la evaluación ya que, por definición, son evaluadores. Ello es una verdad irrefutable pues la tarea docente incluye en una medida muy importante la valoración de los conocimientos adquiridos por los educandos.
No se ha querido entender que la evaluación sigue siendo un elemento esencial de la Nueva Escuela Mexicana y que lo que ha quedado atrás es la examinación mecánica, indiscriminada y amedrentadora. Ese proceso no evaluaba a los maestros, en realidad los devaluaba. Partía de la sospecha de su incapacidad, no del reconocimiento de su valor. Su divisa era la desconfianza y la amenaza, en lugar de la confianza y la superación. La Nueva Escuela Mexicana valora y estimula, no desestima al maestro para atribuirle deficiencias.
Se buscó anteriormente afectar la estabilidad en el empleo de los profesores a partir de pseudo evaluaciones que en lugar de constatar los conocimientos obtenidos por los alumnos, verificaban lo aprendido por los maestros para aprobar exámenes impuestos como carga. La formación magisterial no puede consistir en aplicar pruebas como requisito de permanencia, sino en incentivar la vocación, la dedicación y el empeño que cientos de miles de profesores desarrollan diariamente frente a sus grupos. La evaluación es ahora el punto de partida para la mejora de la actividad docente y no el procedimiento para expulsar personal de dicha actividad.
Otra falacia desvirtuada con la intervención del Secretario Moctezuma fue la de que el Estado habría renunciado a su rectoría para dejar en manos de las organizaciones sindicales el manejo de las plazas magisteriales. Nada más falso. El Estado mantiene el control de las plazas y habrá de aplicar, como enfáticamente explicó el compareciente, un procedimiento totalmente transparente en la adjudicación de los puestos laborales.
A través de ese método, todos podremos saber con qué criterios se otorgan dichos puestos y en él tendrán los sindicatos —según la ley— el derecho de que se pongan a su disposición “los resultados de la valoración que ya habrá sido efectuada y participarán en cuanto a la “garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores”.
A mi parecer, no podría ser de otro modo. Nada más faltaba que se prive a los sindicatos de su razón de ser. La reforma anterior no priorizó el nivel académico, sino la afectación de las agrupaciones sindicales. Partió de dar voz privilegiada en el proceso educativo a organizaciones de la llamada sociedad civil como Mexicanos Primero, pero quiso excluir del mismo a las organizaciones de los maestros constituidas precisamente para defender sus derechos laborales. No hay incompatibilidad entre los procedimientos constitucional y legalmente establecidos para el acceso y la promoción de los profesores, y la necesaria intervención sindical en la gestión de la relación laboral de sus agremiados. El Estado está obligado a mantener esa relación sin que ello le imponga ningún condicionamiento para la conducción rectora de la función educativa.
La Nueva Escuela Mexicana no solamente mantiene su inclinación a la calidad sino que constitucionalmente ha establecido como objetivo la excelencia, y eleva la equidad a condición indispensable para cerrar la brecha de desigualdad que sufren los alumnos más pobres, a quienes se les ha ofrecido una educación empobrecida, mal endémico de nuestro sistema educativo que debe revertirse. A explicar ese aspecto también dedicó tiempo el Secretario.
Además, cuando al emplear el recurso discursivo de la pregunta retórica para debatir con los opositores, se le pretendió limitar con el pretexto de que su presencia era para responder y no para preguntar, con fina ironía exhibió la inconsistencia de tal pretensión, al dar una demostración del uso parlamentario de los cuestionamientos “que se hacen no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor y eficacia a lo que se dice”, como bien define el diccionario a las preguntas retóricas, cuya ignorancia no habla bien de los diputados que, por su función, deberían conocer y dominar esa forma de polemizar.
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