¿Debe la democracia costar tanto dinero?, ¿Incurre el INE en excesos económicos y políticos? Esas son las cuestiones a dilucidar con motivo de las diferencias que han aflorado entre el INE y la mayoría en la Cámara de Diputados y que esencialmente planteó el diputado morenista Juan Ramiro Robledo durante la comparecencia del presidente del INE, en una sólida intervención que se perdió en medio del ruido provocado por el poco comedimiento con que algunos congresistas trataron al funcionario electoral.
Como es habitual, el escándalo opacó la verdadera naturaleza del conflicto. Este se redujo simplistamente a una confrontación entre el INE y el gobierno, cuando la verdadera pugna se da entre el organismo electoral y el Congreso que reclama, con razón, que el INE se excede en sus funciones invadiendo las del Poder Legislativo. La aprobación del presupuesto del INE, facultad indiscutible de la Cámara de Diputados, se interpreta como un ataque al organismo, sin que se efectúe un análisis minucioso de las posibilidades de ajustar los gastos previstos en la solicitud del Instituto. Se afirma que hubo un “recorte” cuando en realidad no se aprobó un aumento, que no es lo mismo.
El INE alega que si no recibe los más de 5 mil millones adicionales, no podría sacar adelante el proceso de revocación del mandato y una posible consulta popular para 2022. Los diputados de la mayoría e incluso quien habló por el PRI, reprochan al INE ejercer un presupuesto desproporcionado y estiman que podría disminuir los gastos en tareas que no sean fundamentales para su función. Tal debate necesita de aproximaciones que tomen en cuenta las razones de cada parte. Es cierto que el INE debe prever la erogación para realizar los procesos señalados, pero también lo es que sus gastos han crecido exponencialmente al impulso de un universo en expansión de facultades que consume recursos de manera aparentemente insaciable. La democracia cuesta pero ¿debe ser tan cara en un país con tantas necesidades más urgentes que implementar el voto electrónico desde el extranjero?.
En ese contexto desilusiona la actitud del INE de negarse a efectuar un serio esfuerzo de reducción. Debería demostrar, como lo sostiene el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, que si hay vocación de servicio, imaginación y voluntad política, es posible cumplir con las funciones encomendadas empleando los recursos de que se puede disponer. Así, el INE debe revisar cuáles actividades no son indispensables para cumplir sus fines constitucionales. Por ejemplo, las de carácter académico podrían eliminarse puesto que no es una institución educativa sino un organizador de elecciones; aunque sean útiles no son indispensables. Las campañas publicitarias que promueven la democracia en general no corresponden estrictamente a sus facultades ya que la promoción de “la participación del pueblo en la vida democrática” la asigna la Constitución a los partidos. La Cartera Institucional de Proyectos que forma parte del anteproyecto de presupuesto contempla gastar 1800 millones de pesos. En ella se preven acciones que implican una sofisticación en el uso de recursos informáticos, los cuales constituyen un verdadero lujo dudosamente requerido para el cumplimiento estricto de las funciones institucionales y representan 100 millones que ya quisieran muchas áreas sustantivas gubernamentales para mejorar su eficiencia y que, pese a las limitaciones, logran alcanzar sus objetivos. La pretensión de introducir novedades electrónicas en los procesos pretende alcanzar metas que podrían conseguirse por métodos tradicionales. Las elecciones ya funcionan bien sin que sea indispensable digitalizarlas.
¿Se justifican los gastos de estas cantidades de millones de pesos? 7 para realizar “un estudio de continuidad sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas”, cuando dichas acciones no le están asignadas al INE legalmente; 21 para promoción mediática “preservar la imagen del Instituto” y elaborar “productos informativos considerando un elevado posicionamiento del Instituto en los medios de comunicación para 2022”; otros 2 millones para atender a visitantes extranjeros; 9 para implementar y certificar Sistemas de Gestión de Calidad en entidades federativas que ni siquiera tendrán elecciones; 77 para realizar tareas que tienen que ver con los OPLES, entre otras la de “generar herramientas de planeación…por medio de las cuales se guiarán los procesos electorales locales 2021-2022 y 2022-2023”; así como respecto de estos, realizar conteos rápidos y promoción de voto en el extranjero que en rigor no debía corresponderle al INE.
Ciertamente se trata de solo algunos botones de muestra, pero si se examinan rubros como las remuneraciones para personal del servicio profesional por actividades que no tendrían que considerarse extraordinarias, seguramente se podría reducir enormemente el gasto. Tela de dónde cortar la hay…si se quiere encontrarla.
eduardoandrade1948@gmail.com
