Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que le dan plena vigencia y operación, la seria problemática que representa la situación de la inseguridad pública, implica y exige el mayor esfuerzo del Estado mexicano y del gobierno en turno. De forma gradual, visible y violenta la sensación de vivir a expensas de los actos delictivos se ha convertido en uno de los principales distintivos de la sociedad mexicana en su conjunto.
Hacerle frente a esa condición, será uno de los retos, si no es que el principal, pues el reclamo en amplias zonas del país para intentar recuperar la normalidad en la vida cotidiana va acompañada de una serie de medidas que le son adyacentes al funcionamiento de la Guardia Nacional. Estamos ante una salida de fuerza y disuasión del Estado mexicano; no obstante, la autoridad civil a nivel federal y local (estatal y municipal se entiende) también tienen un importante responsabilidad para que la nueva Fuerza Armada pueda mejor actuar.
Ya lo he señalado en anteriores colaboraciones: la Guardia Nacional por si sola no puede resolver el problema de la inseguridad, pero sí en cambio puede contribuir de forma decisiva a disuadir la actividad criminal, a confrontarla en su caso y someter a los delincuentes a la justicia. De allí por ejemplo, la impostergable necesidad de revisar y robustecer en cuanto a su funcionamiento, al sistema penal acusatorio, conocido de forma irónica como “la puerta giratoria”, dada la facilidad con que los criminales de toda ralea, pueden evadir de manera fácil y breve, la aplicación de la ley.
La Guardia Nacional, para decirlo en pocas palabras, es un decisión histórica, pues a diferencia de la creación de otras corporaciones de seguridad, como lo fueron en su momento a la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal –aún contando con personal militar, ahora se trata de una responsabilidad plena de las Fuerzas Armadas y en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuanto instancia de la administración pública federal. De allí que los resultados, que esperamos sean del todo positivos, van a reforzar la buena imagen y confianza ciudadana que hay respecto del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México.
En su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció justo el día de la presentación de los uniformes de la Guardia Nacional, que la posibilidad de que sea un militar en el activo de la más alta jerarquía para que dirija la nueva corporación intermedia (es decir militar de formación y de policía para la operación) es muy alta. Esta decisión sin duda que sería la mejor forma de iniciar las acciones ante un antagonismo como el la delincuencia común y la organizada. Lo anterior va en plena consonancia, pues desde hace 30 años, las Fuerzas Armadas han llevado el principal peso en las acciones para contener y someter a la criminalidad.
Funcionarios van y funcionarios vienen, grupos y partidos políticos igual; en cambio la institución militar y sus integrantes son una de las áreas, en donde la continuidad, actualización y vocación de servicio son más evidentes. Cierto que hay civiles experimentados en las áreas de Seguridad Pública (que son desplazados por visiones cortoplacistas y se desaprovechan su experiencia y formación), pero en cuanto a identidad institucional, no hay duda, las Fuerzas Armadas son una baluarte de la República.
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