Por: Martha Tagle
El 17 de octubre de 1953, se promulgó la reforma constitucional que reconoce, entre otros, el derecho al voto a las mujeres mexicanas para las elecciones federales. Esa reforma se dio gracias a una batalla persistente de los movimientos feministas y de mujeres, después de varios intentos que fueron acercando al objetivo. En 1917, como resultado de la constituyente feminista en Yucatán en 1916, hubo una iniciativa de Hermila Galindo en el Congreso Constituyente que fue desechada; en 1937, a pesar de haberse aprobado no se publicó y por lo tanto no entró en vigor; en febrero de 1947 se reconoció el derecho al voto a nivel municipal, y fue hasta 1955 en el que las mexicanas votaron por primera vez en las elecciones generales.
A pesar del reconocimiento tácito del derecho de las mujeres a ser electas han tenido que pasar muchas décadas para que sea una realidad: un sistema de cuotas progresivo, innumerables sentencias de tribunales, lineamientos de las instituciones electorales, y la reforma constitucional del 2014, para que sea hasta ahora que tenemos un congreso integrado casi de manera paritaria, igual que la mayoría de los congresos locales, apenas 27% de mujeres alcaldesas y solo 2 gobernadoras de las 9 que ha habido en toda nuestra historia.
Si bien, la paridad alcanzada nos ha dado motivos para celebrar, y ahora, con la reciente reforma constitucional, vamos por la paridad en todo, es preciso decir que esta apenas es una línea de salida y no la meta. La insistencia de los movimientos feministas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es un medio para el fin que es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, deconstruir el sistema basado en la división sexual del trabajo, para construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.
Visto de esta manera, no basta con que las mujeres estemos en el poder, (integrando de manera paritaria las cámaras) sino que también tengamos poder, de ahí la importancia de que hoy en día dos mujeres presidan ambas cámaras, y muchas legisladoras estén al frente de las comisiones legislativas con mayor importancia (puntos constitucionales, hacienda, justicia, seguridad, gobernación, etc.) y también la importancia de que haya una mujer al frente de la Secretaría de gobernación a nivel federal. Mujeres en el poder, con poder.
Pero ¿con poder para qué? Poder para trasformar la vida de las demás mujeres y construir desde el espacio público, el espacio que nos pertenece a mujeres y hombres, sin violencia de género, con igualdad de oportunidades y condiciones, un espacio público que valore el peso que tiene lo privado para el desarrollo económico del país, que atienda las brechas de desigualdad de las mujeres rurales, indígenas, afro; genere oportunidades para las jóvenes y garantice un vida libre de violencia: donde los cuidados y el trabajo doméstico sean atendidos desde las políticas públicas, y también desde la iniciativa privada, con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, casas de cuidado de entrada por salida para personas adultas mayores, políticas de inclusión para personas con discapacidad, políticas de conciliación del trabajo y el hogar y muchas más, para que mujeres y hombres se distribuyan de mejor manera las cargas y los recursos.
La reforma de 1953, más allá del voto, nos reconoció como ciudadanas, con derechos y obligaciones, con la capacidad de formar parte de las decisiones que impactan nuestras vidas de manera cotidiana, de alzar la voz y luchar por lo que nos pertenece, de contribuir desde el espacio público a construir un mejor presente. Vamos en el camino correcto, no dejemos de insistir.
