Por: José Guadalupe Luna Hernández
Nuestra sociedad ha cambiado. Al ser las mujeres el 51.4% de la población, el 49.3% de estudiantes A nivel superior y el 43.9 % de la Población Económicamente Activa, van dejándose sentir con mayor fuerza en los asuntos públicos.
Así como han provocado una paulatina transformación en la sociedad, también impactan nuestras formas de relacionarnos en la familia; en materia civil, las diferencias entre cónyuges y concubinos han variado; el derecho a percibir alimentos y a acceder a beneficios económicos son más igualitarios. Los hombres participamos más en el cuidado de los hijos, incluidos restos de papillas en la ropa. Nuestros roles familiares y sociales han cambiado.
Si esto es así en esos ámbitos ¿por qué no acaba por permear en la vida pública? Me lo pregunto porque están por concluir su encargo las comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana. Para designar a sus relevos el Senado abrió una convocatoria a la que respondieron 18 mujeres y 16 hombres.
El Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales para revertir la discriminación hacia las mujeres, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con ello se pretende erradicar su exclusión de los más altos cargos del poder público y los abusos cometidos por los hombres al establecer patrones de exclusión, dominio y violencia.
Gracias a esos tratados se han abierto más espacios a la participación de las mujeres en la vida pública. Por ejemplo, hoy se garantiza que los partidos observen la paridad al designar candidaturas, con criterios de competitividad para que no se les envíe a las circunscripciones perdidas.
Incluso en municipios y distritos rurales, en donde la exclusión es más arraigada, el criterio de paridad se ha consolidado, pese a no pocos dolores de cabeza a los partidos, pero abriendo avenidas a su empoderamiento y asegurar su participación efectiva.
Si esto es así en los lugares más apartados de nuestro país, ¿por qué en el relevo del INAI se quiere romper el compromiso que tenemos como país para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres? El INAI lo integran hoy cuatro comisionados y tres comisionadas.
De los aspirantes varones a ocupar las dos vacantes próximas, sabemos que por lo menos siete tienen estudios de maestría, máster o doctorado, incluso en el extranjero; cuatro han desempeñado alguna responsabilidad vinculada con los derechos humanos y los 16 han ocupado algún cargo público.
Al ser tan amplias y solventes sus trayectorias tengo inquietud en saber si no imaginaron que la posibilidad de ser designados implica un retroceso en los espacios de participación de las mujeres.
Su sola postulación los desacredita para ocupar tan importante cargo porque la tutela de dos derechos humanos -como son el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales- no puede hacerse sino en el horizonte de los derechos humanos en su conjunto, porque todos son interdependientes.
Al registrarse en el proceso abren la posibilidad de que se afecten los espacios de participación de las mujeres y, en consecuencia, que el Estado incumpla sus obligaciones ante el país e internacionales.
La lucha por la igualdad no es tarea ni destino sólo de las mujeres. Es parte de un proceso de siglos por la defensa de los derechos civiles y políticos, y tiene como finalidad eliminar la segregación política que afecta el desarrollo de las potencialidades de las personas, además de afectar el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Por esa razón, y aun cuando el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) es un espacio donde las tendencias en la conformación del Estado se ven reflejadas -con sus vicios y problemas-, y pese a no pocas confrontaciones, discordias y malquerencias, estoy convencido de que en esta ocasión no podemos equivocarnos y que es nuestra obligación política y moral pronunciarnos clara y contundentemente.
En consecuencia, propondré la adopción inmediata de un pronunciamiento del SNT llamando a los aspirantes a que declinen y permitan que las dos vacantes del INAI sean competidas sólo por mujeres. Así como hacer un respetuoso exhorto al Senado para que al designar a los relevos de las comisionadas Puente y Cano se mantenga el criterio observado cuando terminó su encargo la Ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte, y se garantice que las designadas acrediten experiencia para el cargo.
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
