El presupuesto participativo es importante porque es la expresión de una comunidad para el ejercicio de un presupuesto específico. En los próximos años, la Ciudad de México deberá dedicar el 4% de los recursos de las alcaldías a este programa. Sin embargo, durante esta administración, el Gobierno de la Ciudad de México se ha encargado de dificultar la aplicación de estos recursos.
Una preocupación constante de los vecinos es si se cumplirá con el presupuesto participativo aprobado en la elección de inicios de 2020, y la verdad es que esto no se ha garantizado para ninguno de los dos ejercicios presupuestales, 2020 y 2021. Hoy, las alcaldías de la Ciudad de México enfrentan el reto de ejecutar en muy pocos días obras que necesitan tiempo para alcanzar una calidad aceptable para los vecinos.
Entre 2019 y 2021 hemos visto muy poca voluntad de parte del Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio de recursos del presupuesto participativo. Los problemas comenzaron, de hecho, antes de la pandemia. La elección se llevó a cabo el 15 de marzo, cuando apenas estábamos por iniciar el proceso de encierro. Ese día se votaron Comisiones de Participación Comunitaria, COPACOS, y proyectos participativos. Sin embargo esa elección debió llevarse a cabo unos meses antes, por eso se optó por unificar dos años de ejercicio.
Con el pretexto de la pandemia y la dificultad para realizar las asambleas vecinales, el Gobierno de la Ciudad de México optó por cancelar el ejercicio de 2020 y juntar el recurso de dos años en 2021, pero de hecho no se avanzó mucho cuando había tiempo. Si era un recurso etiquetado, debieron ser las administraciones locales salientes y no las entrantes las que convocaran a las licitaciones de adquisición y obra.
Hoy ya no hay condiciones para llevar a cabo obras de calidad ni adquisiciones óptimas. Las nuevas alcaldías han tenido que avanzar a marchas forzadas para el ejercicio de este recurso, pero hay altas probabilidades de que se tenga que devolver el presupuesto al Gobierno de la Ciudad de México, con el perjuicio para los vecinos.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está obligada a dar respuesta: Ampliar los plazos para comprometer el recurso y también para ejecutar las obras o para la entrega de las adquisiciones respectivas. Sin voluntad, dos años de presupuesto participativo quedarán sin ejercerse, a pesar de que es un programa con arraigo comunitario. Debe haber voluntad del Gobierno de la Ciudad de México, como lo han demandado las alcaldías de la UNACDMX esta semana.
Por último, añadiría que también hace falta una reforma profunda, tanto para procurar mayor participación de la ciudadanía en la discusión y aprobación de los proyectos, como para imponer sanciones a quienes lo saboteen, como ha ocurrido estos dos años en que no se ha podido ejercer adecuadamente el presupuesto participativo. A falta de voluntad, sanciones.
