por Eduardo Vázquez
En muchos sentidos, el camino al desarrollo, social y económico, así como el sentido de equidad en nuestro país, pasa por la capacidad de garantizar el acceso al agua, en la cantidad y calidad necesarias, para poder atender las necesidades de las distintas regiones, comunidades y sus habitantes.
La relación entre la pobreza y la falta de acceso al agua, es uno de los principales indicadores para medir la desigualdad de millones de mexicanos, principalmente de niños, niñas y mujeres, que son quienes más padecen la falta de acceso al agua.
México enfrenta grandes retos y carencias en la materia. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico; dos terceras partes de la población habita en regiones donde hay menos agua; de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación; 14 entidades federativas tienen rezagos importantes en acceso diario a servicios de agua y saneamiento, y aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua,
Esta circunstancia se torna más compleja a la luz del fenómeno del cambio climático, dados los grandes efectos que tiene sobre los recursos hídricos, reflejados en una mayor intensidad de precipitaciones, inundaciones, y sequías, como bien lo refleja el 6º informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de reciente publicación, lo cual se ha manifestado en el país desde inicios de este año, a través de una sequía que provocó una afectación en la disponibilidad de agua en sus distintas regiones (como el caso de estados del norte y el Valle de México ), y por medio de fuertes lluvias e inundaciones que han dejado grandes daños en entidades como el Estado de México e Hidalgo.
Ante este escenario, es evidente la necesidad de promover mayores presupuestos e inversiones que permitan atender los rezagos que existen en el sector, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, y los efectos de los fenómenos hidrológicos extremos, que cada vez generan más afectaciones a los patrimonios públicos y privados, así como a las personas y comunidades desfavorecidas.
En este espacio hemos dado cuenta de los principales retos y rezagos en el sector hídrico, y las distintas realidades que enfrenta un país con marcadas desigualdades y niveles de marginación en el acceso al recurso de forma segura y continua.
De la misma manera, hemos comentado que existen importantes brechas financieras para hacer vigente la aspiración y realidad de poder cumplir con la garantía constitucional de acceso al agua y el saneamiento, y revertir los problemas estructurales que enfrenta el sector y la degradación de los recursos hídricos.
En los últimos años, el presupuesto de CONAGUA ha seguido una marcada tendencia descendiente. De acuerdo con el Grupo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, en 2017 el ejercicio del gasto alcanzó su punto más bajo respecto a los diez años previos, con un monto de 29,000 mdp. Para 2018 se erogaron 32,300 mdp, y a partir de dicho año, el presupuesto y ejercicio de recursos para CONAGUA han disminuido drásticamente, al pasar de 32,300 mdp en 2018 a 24,674 mdp en 2021, lo que significó una disminución real de 31.0%.
La buena noticia es que para este año se prevé un aumento en la asignación de recursos federales al sector, siendo que la propuesta de Presupuesto Federal 2022, estima un monto total para la CONAGUA de 33,916 mdp, mismo que pone énfasis en tareas de desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento, y algunas para contención de los efectos del cambio climático.
Sin embargo, es importante considerar que, a pesar de este aumento, dichos recursos siguen siendo insuficientes y los recursos fiscales difícilmente podrán subsanar por si mismos estas necesidades.
Se requiere, por tanto, impulsar mecanismos de planeación que promuevan y faciliten esquemas de inversión de distintas fuentes, públicas, privadas e internacionales, basadas en proyectos bien diseñados, con elementos innovadores e impactos medibles a largo plazo, considerando el elemento de incertidumbre climática al que nos estamos enfrentando.
Sin el financiamiento necesario, será difícil resolver los retos y necesidades que en materia de agua tiene el país, y poder atender de manera debida la misión de garantizar la seguridad hídrica de sus distintas regiones y comunidades.
