El atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch es una señal adicional de una situación de violencia que se agudiza y toca el corazón del Estado de Derecho en la Capital del país. Las y los mejores expertos en materia de seguridad alertan sobre e riesgo provocado por la conyugación de distintos factores que podrían empeorar esta crisis de violencias instalada. El Dr. Eduardo Guerrero previene sobre las graves consecuencias de un enfrentamiento abierto armado entre el Gobierno México y el Cartel Jalisco Nueva Generación, combinado con un ambiente de conflictividad social provocado por la crisis socioeconómica, y con un escenario preelectoral con chispas de violencias políticas por la polarización actual.
Este acontecimiento ocurre después del lanzamiento de una estrategia prometedora de inteligencia financiera firme y de varias detenciones de líderes de los grupos criminales presentes en la Ciudad de México. También ocurre en medio de la militarización acentuada y mandada desde el más alto nivel de Estado. Personas defensoras de derechos humanos, académicas o expertas de la sociedad civil en materia de seguridad y violencias, así como integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra denuncian justamente sus riesgos y consecuencias para la construcción de paz. La presencia del representante del Ejercito y la ausencia de representante del mando civil local en la conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno posterior al atentado fortalece esta narrativa militar.
El fallecimiento de los policías debe plantear seriamente la situación de vida de todas las personas que integran las fuerzas policiales locales en el país y de sus familiares. Cabe resaltar en la Ciudad de México el esfuerzo y las mejoras de las condiciones y trato de la policía impulsadas por el Subsecretario Bernardo Gómez del Campo.
Frente al aumento de las violencias, las respuestas siguen siendo reactivas. La narrativa mediática del presidente con la liberación de Ovidio o el saludo a la madre del Chapo cuestiona el entendimiento ciudadano de la estrategia de seguridad nacional.
La crisis de seguridad es heredada de errores pasados; también de una infiltración estructural de la corrupción que tomará tiempo desactivar. Preocupa la disminución, desaparición o inexistencia de una estrategia nacional de prevención social de las violencias, transversal, planeada, coordinada y medible, con su réplica adaptada en el ámbito local. En este reto histórico es esencial colaborar con la sociedad civil y la ciudadania desde un enfoque prioritario de justicia, prevención, reinserción y reconciliación social, con una visión de largo plazo para el bienestar social. Estas coaliciones para la paz deben impulsarse desde la escala la más local con una visión priorizada, atendiendo los factores de riesgos genéricos y específicos en dónde más se producen las violencias de más alto impacto.
Este atentado colectivo debe abrir la puerta al diálogo certero, transparente y constructivo con la ciudadanía y con los grupos de oposición partidista. Porque la seguridad nacional y la vida de las y los habitantes debe superar las diferencias electorales. La respuesta debe ser colectiva.
