26 personas fueron asesinadas por la negligencia de los gobiernos. No se trata de buscar un culpable para hacer el ejemplo. Se debe de investigar todas las tramas de responsabilidad, identificar a todas las personas involucradas, conocer la verdad y hacer justicia por las víctimas y sus familias. La justicia debe aplicarse para las personas en puestos de toma de decisión quienes desde hace varios años han abandonado el mantenimiento de las infraestructuras urbanas, especialmente en la periferia. ¿Por qué la calidad del transporte público se va deteriorando, alejándose del centro de la Capital? Tal vez porque las personas diputadas y funcionarias de gobierno que toman estas decisiones no viajan en el transporte público. En la Capital hay una movilidad para ricos y otra para pobres.
Esta falta de atención, de prioridad, y las sospechas de corrupción superaron las condiciones inhumanas de la movilidad capitalina. Hoy ya provocaron muertes entre las personas que menos tienen, entre las personas que no tienen otra alternativa para ir a trabajar o moverse. En las ciudades uno de los mejores indicadores de la desigualdad se mide con la calidad del transporte público. La mejor política de redistribución de las riquezas es invirtiendo en espacios públicos e infraestructuras accesibles y seguras, especialmente en los territorios de mayor marginación social. Además, la Ciudad de México está construida en un territorio de riesgos naturales agravados por el desarrollo desenfrenado y caótico, sin planeación. El financiamiento público del análisis de riesgo y para el mantenimiento de las infraestructuras urbanas se vuelve indispensable para una Ciudad resiliente, capaz de prevenir y mitigar los riesgos reinventándose de manera permanente. A la fecha, el Instituto de Planeación sigue ausente por los incumplimientos del Congreso de la Ciudad.
El Congreso de la Ciudad tiene la responsabilidad de modificar, aprobar y vigilar la aplicación del presupuesto público. Tiene la competencia de citar a comparecer a altos funcionarios. Tiene la posibilidad de crear una comisión específica de vigilancia y seguimiento del caso, una comisión de la verdad con participación de la sociedad civil, la academia y de las familias de las víctimas. Sin embargo, los diputados de la mayoría actual se negaron a actuar y prefirieron posicionamientos públicos sin efectos para contribuir a la justicia.
Esta tragedia también visibilizó la ausencia del Gobierno en la atención de las personas heridas. Varias víctimas que fueron trasladadas al hospital no pudieron ser atendidas por falta de material solicitando a sus familias la compra de insumos. El Gobierno tenía la responsabilidad de encargarse de que las víctimas recibieran el mejor trato médico, que sea en el sector público o pagando sus servicios médicos en un hospital privado. Nuevamente, las deficiencias del servicio público afectan a los que menos tienen.
La austeridad (ficticia en la práctica), el desmantelamiento de las instituciones públicas, la falta de inversión pública en las infraestructuras y la entrega de transferencias directas para mitigar los costos del abandono del Estado benefactor son las bases del neoliberalismo. ¿Primero los pobres?
