El presupuesto participativo de la Ciudad de México está reconocido en el ámbito nacional e internacional como un mecanismo democrático innovador, de cohesión y fortalecimiento comunitario. El 15 de marzo las y los capitalinos salieron a votar para elegir proyectos concretos con el fin de tener una oportunidad de mejorar sus espacios públicos. Incluso, esa vez debieron votar para proyectos que hubieran tenido que desarrollarse en el 2020 y para el 2021.
Esta doble votación fue inducida por los retrasos de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, que ya había generado descontento y demandas jurídicas por parte de la ciudadanía por violar plazos preestablecidos por la Constitución de la Ciudad de México desde 2017. Por este incumplimiento, la población se había visto impedido en sus derechos para poder votar en 2019 para el presupuesto participativo del 2020.
En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México nuevamente generó polémica en el tema de la participación ciudadana y en cuanto al respeto al espíritu de la Constitución de la Ciudad en materia democrática. Una iniciativa presentada por los diputados de Morena José Luis Rodríguez y Martha Ávila pretendía “cancelar” el presupuesto participativo en el 2020. Después del levantamiento de voces de la sociedad civil, observadoras electorales y habitantes de la capital y de reuniones públicas y no públicas, se presentaron otras iniciativas entre las cuales ya no se mencionaba “cancelar”, sino suspender y ejercerse (nuevamente) en el siguiente año. ¿En la administración pública un presupuesto no ejercido en el año en curso (subejercicio) puede reasignarse de manera segura y transparente para el siguiente año de manera transparente? ¿Cuáles serán las condiciones para la ciudadanía ejercer esos recursos en medio del periodo electoral, caracterizado por prácticas clientelares y de presión comunitaria?
Los legisladores promoventes alegaron la falta de condiciones y capacidades del Instituto Electoral de la Ciudad de México para organizar las asambleas vecinales requeridas por los tiempos y la contingencia. Este argumento fue refutado públicamente por varias personas consejeras electorales del Instituto local, quienes incluso han propuesto la posible realización de un proceso virtual.
Integrantes de la Red de Observación Electoral de la Ciudad como Greta Ríos, de Ollin Jóvenes en Movimiento A.C. han demandado y alertado colectivamente sobre estas prácticas reiteradas por los mismos diputados locales, sobre la opacidad y el riesgo para posponer el ejercicio de mil 400 millones de pesos.
Este acontecimiento surge en medio de una obsesión institucionalizada de supuesta austeridad republicana (¿de izquierda?) que ha servido para desmantelar instituciones autónomas y de atención a grupos prioritarios, reducir capacidad de trabajo de las y los servidores públicos, personas esenciales para el desarrollo de México, y ahora violar derechos democráticos básicos de esta capital de derechos y libertades. Esta semana debería de discutirse y votar esta iniciativa. Será interesante escuchar las opiniones de las y los distintos legisladores del Congreso local sobre el porvenir de la reciente democracia participativa capitalina; tan joven y ya golpeada por el poder legislativo local en la impunidad.
Peligroso pensar que la democracia es solamente una expresión electoral…
