Los organismos internacionales y personas científicas no han dejado de alertar sobre el colapso ambiental y la emergencia climática. Detener el calentamiento global implica cambiar la noción de desarrollo y el tipo de energías que se usan para ello. Es una cuestión de salud, de supervivencia y de paz social que no pueden seguir tomándose a la ligera simplemente mediante la elaboración en de planes de acción climática excluyentes, aislados y de corto plazo, y que además no se cumplen.
Cumplir con los compromisos globales como el Acuerdo de Paris para contrarrestar el colapso ambiental implica modificar drásticamente los componentes de nuestra matriz energética y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y sus recursos. Es decir, transitar de un modelo social, económico e industrial basado en el extractivismo y el aprovechamiento de combustibles fósiles a toda costa, hacia el uso de energías menos contaminantes. Se trata de proponer un nuevo andamiaje para un desarrollo más sano, más resiliente y justo con nuestra salud y la de los ecosistemas que garanticen la permanencia y la regeneración de la vida.
De acuerdo con ONU Medio Ambiente, los sectores de energías y transportes son responsables en América Latina de más de 2 tercios de las emisiones regionales de dióxido de carbono de origen fósil y alrededor de 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es urgente diseñar e impulsar una estrategia de descarbonización de nuestra sociedad que implica dejar de financiar de manera prioritaria y masiva la explotación de energías fósiles y fomentar inversiones para energías menos dañinas para nuestros entornos.
En este contexto nació hace unos días la iniciativa “México resiliente, plan de descarbonización y resiliencia climática 2024-2030”, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil. Este grupo anunció la realización de una serie de talleres temáticos durante varios meses para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la elaboración colectiva de una ruta de acción que se presentará a las y los próximos tomadores de decisión, incluyendo a las y los candidatos de las siguientes elecciones.
En la coordinación de esta iniciativa, la activista, académica y experta ambiental Sandra Guzmán fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) juega un papel determinante para la creación de espacios que permitan este intercambio de conocimientos, la cohesión entre actores y entes claves para un cambio de paradigma rumbo al fortalecimiento de capacidades reales para un desarrollo sustentable. GFLAC está conformado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que trabajan en materia ambiental y transparencia y el cual busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de criterios de derechos humanos, igualdad de género y sustentabilidad dentro de la arquitectura financiera para la lucha contra el colapso climático.
Analizar, diseñar e impulsar el financiamiento de un modelo más amigable con el medio ambiente y que garantice la vida de todas las especies representa un enfoque básico en la respuesta concreta a la emergencia climática.
