/ miércoles 4 de agosto de 2021

Que el pueblo opine y decida

El pueblo es el que verdaderamente manda, gobierna y transforma.

Presidente Andrés Manuel López Obrador


Uno de los elementos que integran las democracias liberales es la existencia de procesos de elecciones, a través de las cuales la ciudadanía elige a sus representantes en los poderes públicos. Este régimen es conocido como “democracia procedimental”, pues se enfoca en las reglas y procedimientos de los procesos decisionales, valorando la democracia como un medio para alcanzar un fin, que es la aprobación de quienes se gobernarán la comunidad política.

No obstante, las democracias liberales se han centrado en la participación electoral como mecanismo principal para hacer validos los derechos políticos de la ciudadanía, lo que muchas veces ha limitado la participación ciudadana en otras esferas de lo público, por ejemplo, para dar su opinión o decidir sobre acciones de gobierno trascendentes para la nación o que impactan directamente en el bienestar social.

En México existen muchas decisiones para las que habría sido fundamental haber preguntado a la ciudadanía su opinión, como la ola de privatizaciones de empresas del Estado por parte de los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; el rescate de los bancos mediante el FOBAPROA, impulsado por Ernesto Zedillo luego de la crisis financiera de 1993.

Incluso, las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, como la energética y la educativa, que, si bien surgieron de un proceso legislativo, carecieron de legitimidad al no haberse dado en un marco de diálogo con las partes involucradas, beneficiando exclusivamente intereses de grupos políticos y económicos nacionales y trasnacionales.

¿Qué habría sucedido si estas decisiones se hubieran sometido a consulta? Seguramente no habrían sido aprobadas.

En el mundo existen ejemplos de consultasciudadanas acerca de temas de relevancia jurídica, política, económica, social, hasta geopolítica; varias de las cuales han sido vinculantes, independientemente de sus consecuencias. Es el caso del BREXIT en 2016, con que se preguntó a los británicos su opinión sobre la salida o permanencia del Reino Unido de la Unión Europea; los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, igualmente en 2016; y más recientemente el Plebiscito Nacional 2020 en Chile, para decidir si se crea o no una nueva constitución.

Nuestro país tiene una escasa tradición democrática. El sistema político construido por el PRI durante el siglo XX, se sustentó en un régimen autoritario, con reglas a modo que, cuando su estabilidad políticaestaba en riesgo, creaba mecanismos que funcionaban como válvulas de escape de las tensionespolíticas y sociales. Así sucedió con el establecimiento de la representación proporcional en el Congreso federal, la institucionalización de fuerzas políticas de oposición como partidos políticos, o bien, la creación de una autoridad electoral autónoma del poder central.

Sin embargo, no se hizo nada para promover unaverdadera participación ciudadana en la toma de decisiones. La izquierda política es la única que ha encauzado ejercicios de democracia directa, siendo uno de ellos el plebiscito de 1993 en el entonces Distrito Federal, que dio lugar a que desde 1997 las autoridades de la capital del país fueran electas por el voto de la ciudadanía. También en 2014 promovió una consulta popular en torno a la reforma energética y su impacto en la soberanía, pero la Corte desestimó su constitucionalidad al considerar que supuestamenteafectaría los ingresos y egresos del país.

Con la llegada de la Cuarta Transformación seestableció un nuevo régimen, que devolvió al pueblo el poder de lo público. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a consideración de la gente decisiones de gran envergadura, que en otro momento eran tomadas a puerta cerrada por actores que carecen de legitimidad (grandes empresarios), con el respaldo de políticos que olvidaron su papel de representantes populares. Le preguntó sobre la continuidad o cancelación de obras como la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el lago de Texcoco.

En la consulta popular de este domingo -el primer ejercicio institucional de este tipo en la historia de México y que deviene de la Ley de Consulta Popular,entrada en vigor el 14 de marzo de 2014-, se preguntóa la ciudadanía si está de acuerdo con que se esclarezcan las decisiones políticas tomadas por actores políticos en el pasado. Su realización es reflejo de la aspiración democrática del nuevo régimen y de que el pueblo ya despertó ante tanta injusticia, corrupción e impunidad del pasado.

A pesar del llamado a no votar que hicieron los detractores de la 4T, entre ellos, los propios expresidentes y los intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ayer ganó el “Sí”; nueve de cada diez ciudadanas y ciudadanos que participaron, votaron a favor de que se someta a juicio a los expresidentes y se garantice la justicia y la reparación del daño para las víctimas.

Como mecanismo de democracia directa, la consulta popular representa un avance en la institucionalización de un régimen democrático que hoy da mayor voz al pueblo, no solo para manifestarse en las jornadas para elegir a sus representantes, sino para hacer valer su soberanía y porque es el verdadero protagonista en el ejercicio de gobierno.

La democracia no deber ser un procedimiento al servicio de las élites. Vayamos acostumbrándonos a que el pueblo opine y decida.


Colofón:

El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a personas en situación de reclusión que no hayan cometido delitos graves y cuenten con más de diez años sin haber recibido sentencia, así como aquellas personas privadas de su libertad que tengan más de 75 años de edad, padezcan enfermedades crónicas o se compruebe que sufrieron tortura. ¡Eso es justicia social!

El pueblo es el que verdaderamente manda, gobierna y transforma.

Presidente Andrés Manuel López Obrador


Uno de los elementos que integran las democracias liberales es la existencia de procesos de elecciones, a través de las cuales la ciudadanía elige a sus representantes en los poderes públicos. Este régimen es conocido como “democracia procedimental”, pues se enfoca en las reglas y procedimientos de los procesos decisionales, valorando la democracia como un medio para alcanzar un fin, que es la aprobación de quienes se gobernarán la comunidad política.

No obstante, las democracias liberales se han centrado en la participación electoral como mecanismo principal para hacer validos los derechos políticos de la ciudadanía, lo que muchas veces ha limitado la participación ciudadana en otras esferas de lo público, por ejemplo, para dar su opinión o decidir sobre acciones de gobierno trascendentes para la nación o que impactan directamente en el bienestar social.

En México existen muchas decisiones para las que habría sido fundamental haber preguntado a la ciudadanía su opinión, como la ola de privatizaciones de empresas del Estado por parte de los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; el rescate de los bancos mediante el FOBAPROA, impulsado por Ernesto Zedillo luego de la crisis financiera de 1993.

Incluso, las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, como la energética y la educativa, que, si bien surgieron de un proceso legislativo, carecieron de legitimidad al no haberse dado en un marco de diálogo con las partes involucradas, beneficiando exclusivamente intereses de grupos políticos y económicos nacionales y trasnacionales.

¿Qué habría sucedido si estas decisiones se hubieran sometido a consulta? Seguramente no habrían sido aprobadas.

En el mundo existen ejemplos de consultasciudadanas acerca de temas de relevancia jurídica, política, económica, social, hasta geopolítica; varias de las cuales han sido vinculantes, independientemente de sus consecuencias. Es el caso del BREXIT en 2016, con que se preguntó a los británicos su opinión sobre la salida o permanencia del Reino Unido de la Unión Europea; los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, igualmente en 2016; y más recientemente el Plebiscito Nacional 2020 en Chile, para decidir si se crea o no una nueva constitución.

Nuestro país tiene una escasa tradición democrática. El sistema político construido por el PRI durante el siglo XX, se sustentó en un régimen autoritario, con reglas a modo que, cuando su estabilidad políticaestaba en riesgo, creaba mecanismos que funcionaban como válvulas de escape de las tensionespolíticas y sociales. Así sucedió con el establecimiento de la representación proporcional en el Congreso federal, la institucionalización de fuerzas políticas de oposición como partidos políticos, o bien, la creación de una autoridad electoral autónoma del poder central.

Sin embargo, no se hizo nada para promover unaverdadera participación ciudadana en la toma de decisiones. La izquierda política es la única que ha encauzado ejercicios de democracia directa, siendo uno de ellos el plebiscito de 1993 en el entonces Distrito Federal, que dio lugar a que desde 1997 las autoridades de la capital del país fueran electas por el voto de la ciudadanía. También en 2014 promovió una consulta popular en torno a la reforma energética y su impacto en la soberanía, pero la Corte desestimó su constitucionalidad al considerar que supuestamenteafectaría los ingresos y egresos del país.

Con la llegada de la Cuarta Transformación seestableció un nuevo régimen, que devolvió al pueblo el poder de lo público. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a consideración de la gente decisiones de gran envergadura, que en otro momento eran tomadas a puerta cerrada por actores que carecen de legitimidad (grandes empresarios), con el respaldo de políticos que olvidaron su papel de representantes populares. Le preguntó sobre la continuidad o cancelación de obras como la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el lago de Texcoco.

En la consulta popular de este domingo -el primer ejercicio institucional de este tipo en la historia de México y que deviene de la Ley de Consulta Popular,entrada en vigor el 14 de marzo de 2014-, se preguntóa la ciudadanía si está de acuerdo con que se esclarezcan las decisiones políticas tomadas por actores políticos en el pasado. Su realización es reflejo de la aspiración democrática del nuevo régimen y de que el pueblo ya despertó ante tanta injusticia, corrupción e impunidad del pasado.

A pesar del llamado a no votar que hicieron los detractores de la 4T, entre ellos, los propios expresidentes y los intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ayer ganó el “Sí”; nueve de cada diez ciudadanas y ciudadanos que participaron, votaron a favor de que se someta a juicio a los expresidentes y se garantice la justicia y la reparación del daño para las víctimas.

Como mecanismo de democracia directa, la consulta popular representa un avance en la institucionalización de un régimen democrático que hoy da mayor voz al pueblo, no solo para manifestarse en las jornadas para elegir a sus representantes, sino para hacer valer su soberanía y porque es el verdadero protagonista en el ejercicio de gobierno.

La democracia no deber ser un procedimiento al servicio de las élites. Vayamos acostumbrándonos a que el pueblo opine y decida.


Colofón:

El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a personas en situación de reclusión que no hayan cometido delitos graves y cuenten con más de diez años sin haber recibido sentencia, así como aquellas personas privadas de su libertad que tengan más de 75 años de edad, padezcan enfermedades crónicas o se compruebe que sufrieron tortura. ¡Eso es justicia social!