Por Luis Angel Flores López, investigador de Causa en Común
En los años recientes la agenda política en el país ha sido acaparada por la inseguridad y la violencia que no hace más que recrudecer. Desde la mal llamada guerra contra el narcotráfico, el Estado ha evidenciado su incapacidad de hacer frente al crecimiento descontrolado del crimen, la corrupción y la impunidad. Incluso parece adecuado aseverar que la crisis de inseguridad que nos agobia se fundamenta en la combinación de tres vicios: violencia, corrupción e impunidad y su poder de contaminar cada rincón de México, desde la mínima unidad social, las familias, las comunidades y, por supuesto, los gobiernos de los tres ámbitos.
A pesar de que el presidente López Obrador reproduce un discurso en el que parece entender la complejidad de esta crisis al señalar algunos componentes sociales e institucionales que alimentan la inseguridad, a poco menos de “la mitad del camino” de su sexenio ha superado la escalofriante cifra de los 100 mil homicidios. Prometió una estrategia en la que se buscaría la paz, es decir, políticas contrarias al enfrentamiento directo que había caracterizado a los gobiernos pasados –sin resultados, hay que reconocer-. Con su frase de “abrazos, no balazos” y la propuesta de otorgar becas a los jóvenes y emplear a los ciudadanos más pobres para evitar su incorporación a las filas del crimen, vendió a muchos la idea de que era el camino para disminuir la violencia homicida y debilitar a la delincuencia organizada.
Sin embargo, hasta ahora el impacto de estas “políticas sociales” se ha documentado que el número de pobres ha aumentado durante este sexenio, la delincuencia sigue fortaleciéndose, cada vez con muestras de fuerza más descaradas e indignantes; y, por si fuera poco, se abandonó el componente institucional de este pandemonio, al apostar por una institución militarizada que además no tiene una estrategia de combate, y que funciona a costa del desmantelamiento de las policías locales, de la pérdida del carácter civil de la seguridad pública, del abandono del paradigma de la seguridad ciudadana y la proximidad social, que serían el paso obligado para fortalecer el componente social de la inseguridad.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en su informe de este año, Índice de paz México 2021, reporta que el gasto en seguridad pública ha disminuido en un 31.4 % de 2015 a 2020 y el sistema de justicia en un 2.9 %, mientras que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre a pasos agigantados, con recursos materiales, humanos y financieros a manos llenas, a cambio de ningún resultado.
En cuanto a la impunidad, un par de datos nos ilustran la profundidad del problema respecto a los delitos que ocurren en México, puesto que no se denuncia el 94% de los delitos que se comenten y menos del 1% terminan en sentencia, y de aquellos que llegan a sentencia, muchos se encuentran resueltos con procesos viciados, incluso amparados por medidas contrarias a los Derechos Humanos y a la presunción de inocencia, como han sido las modificaciones promovidas por este gobierno a la prisión preventiva oficiosa, que en general ha servido para encarcelar a pobres y a inocentes. El 70% de las personas que se encuentran actualmente en prisión por esta medida, son pobres y el 40% no cuenta con sentencia.
Vivimos una crisis humanitaria que requiere la participación de todos, pero sobre todo la voluntad de ver todos los elementos que la conforman y con ello la manera de gestionarla; porque es evidente que la delincuencia y la violencia no van a terminarse, existen de la mano con la humanidad misma; sin embargo, cerrar los ojos a la naturaleza de la criminalidad desborda que vivimos hoy en día, mostrar ingenuidad ante su dimensión e intentar resolver sus alcances actuales a costa de las instituciones democráticas no solo no es hacer nada para construir la paz en México, es tapar el sol con un dedo.
