Reforma electoral, ¿para qué?

Por: Claudia Ruiz Massieu

El gobierno federal ha planteado una nueva reforma electoral que, por su naturaleza e implicaciones, puede ser la reforma más importante del sexenio.

Históricamente, las reformas electorales se impulsaron desde la oposición, y en consenso con el gobierno, para ampliar derechos y fortalecer el pluralismo; pero ésta es al revés: proviene desde arriba, del poder, y nos preguntamos: ¿para qué? ¿Qué falla se desea remediar?

La reforma de 1977, por ejemplo, tuvo como objetivo garantizar mayores espacios para la oposición: amplió la representación proporcional; otorgó financiamiento público a partidos y legalizó fuerzas políticas. En 1990, la meta fue crear una institución autónoma que organizara elecciones: el IFE. Para 2007 se dio acceso equitativo a los medios, mientras que en 2014 se ampliaron los derechos políticos, se garantizó la paridad y se definieron criterios para la reelección.

En 2019, el gobierno dice buscar la “austeridad”, ¿pero a costa de qué y para qué? Dejar de comprar medicinas sin duda genera ahorros, pero también deja desamparada a la gente. Igualmente, si bien la austeridad es deseable, cortar el presupuesto sin una visión sistémica puede ser peligroso.

Especialistas argumentan que el voto electrónico, o reducir tiempos de campaña, son medidas que ahorrarían dinero sin afectar a nuestra democracia. No obstante, las propuestas del gobierno van en sentido opuesto. Cuatro puntos nos preocupan.

Primero. Eliminar a los plurinominales crearía un desbalance en favor del partido en el poder. En 2018, Morena y sus coaligados obtuvieron 42% de los votos en la cámara baja y recibieron el 63% de las curules. Con esta propuesta, su porcentaje sería del 73%. Se perjudicaría la democracia y la pluralidad.

Segundo. Reducir 50% el financiamiento público a los partidos debilita al sistema electoral y fortalece al partido mayoritario. Pareciera que la meta es debilitar a la oposición y no la austeridad. Para evitarlo, se deben fortalecer las reglas del financiamiento privado.

Tercero. La reducción de consejeros del INE y la desaparición de los OPLEs es una salida falsa, que no protege los derechos políticos de la ciudadanía y que, más bien, les pone precio.

Cuarto. La propuesta de revocación de mandato abre la puerta al Ejecutivo para intervenir en las elecciones. Como está planteada, la revocación es más una herramienta política para que el presidente la use en momentos de gran popularidad, en lugar de un derecho ciudadano para usarse en momentos de gran incompetencia.

Esta propuesta pone en riesgo el avance de 30 años de democratización. Nuestro sistema electoral es un espacio de oportunidad para que todos los partidos puedan acceder al poder, no un atajo para que una fuerza política se asiente en él. Nuestra democracia nos exige tener una visión de Estado, no una visión de gobierno.

Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI