El Presidente ha lanzado severas críticas y duras expresiones verbales contra la autoridad electoral por medidas que considera parciales y dirigidas a afectar específicamente a su partido; mientras impulsa en el Congreso federal, donde tiene mayoría, una legislación que impida esos abusos provenientes de sus adversarios; en tanto que voceros del sector privado se involucran en la enconada polémica sobre las reglas que deben normar los procesos electivos.
Todo esto ocurre en los Estados Unidos, donde Joe Biden calificó de racistas a los Republicanos de Georgia al afirmar que la legislación promovida por ellos en pleno siglo XXI, reproduce las intenciones de las llamadas Leyes de Jim Crow, denominación peyorativa aplicada a las disposiciones legales —paradójicamente promovidas por los Demócratas del sur estadounidense en el siglo XIX— que tenían por objeto obstaculizar el voto de los negros, que poco antes habían tenido la condición de esclavos.
Es interesante observar las distintas percepciones derivadas de diferencias culturales, históricas y políticas que marcan la legislación electoral en cada país, siempre sujeta a un debate muy intenso y hasta ríspido, pues de sus efectos puede depender el triunfo de una u otra fuerza política. Hago esta reflexión porque algunas de las medidas incluidas en la legislación aprobada en Georgia, a nosotros nos parecerían lógicas, necesarias y convenientes.
Mientras en nuestro país se requiere una plena identificación del votante al punto de que las listas de electores traen la foto de cada uno, al gobierno estadounidense le parece un abuso que se pida a los ciudadanos una identificación para solicitar que les manden a su casa una boleta, que será llenada fuera de una casilla para remitirse por correo. Hasta ahora la legislación de Georgia permitía que el elector simplemente firmara una solicitud, sin identificarse previamente, para que le hicieran llegar la boleta. El principio de certeza que debe regir en una elección parece servirse mejor si el votante es correctamente identificado.
Otra norma que ha escandalizado a muchos es la que tipifica como delito menor el solicitar votos por cualquier medio, distribuir propaganda, dar u ofrecer dinero o regalos incluyendo la entrega de comida o de agua en los centros de votación o en su entorno inmediato. En México se castiga con seis meses a tres años de prisión a quien “Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo”. Si bien nuestra norma es más específica en cuanto a la intencionalidad, la motivación de ambas es similar. Los críticos de esta disposición afirman que va dirigida específicamente contra los afroamericanos porque en sus circunscripciones altamente pobladas se forman muy largas filas para votar.
Otra norma que ha causado escozor es la que tiende a asegurar que los sufragantes voten exactamente en la casilla que les corresponde, lo cual aquí vemos como absolutamente natural. Allá la ley anterior permitía que mediante una “boleta provisional” los electores depositaran su voto en casillas que no les correspondían. Ahora lo podrán seguir haciendo, pero la queja es que solo se recibirán esas boletas hasta las 5 p.m. En México hay una clara regulación para los casos excepcionales en que se puede votar en un lugar distinto al que estamos registrados y se ejerce control de estos votos.
Hay otras reglas que objetivamente parecerían asegurar mejores condiciones para la emisión del voto en Georgia, pero se perciben como dirigidas a excluir a los votantes demócratas afroamericanos. Algo debe haber al respecto desde el momento que los Republicanos en diferentes estados están promoviendo medidas similares, se dice que impulsadas por Donald Trump.
El ambiente se ha enrarecido aún más con la intromisión de importantes empresas privadas con sede en Atlanta como Coca Cola o Delta Air Lines, cuyos gerentes han tomado partido en contra de la nueva ley electoral tratando de quedar bien con los consumidores. Incluso la organización de las Ligas Mayores de Beisbol quitó a Atlanta la sede del próximo Juego de Estrellas como protesta. En este punto, coincido con la revista The Economist cuando señala que nada bueno traerá eso y que acabará dañando a la política y a los negocios. Ya congresistas Republicanos han manifestado su descontento frente a esas empresas.
De ahí que el presidente Biden insista en la necesidad de una legislación federal denominada “Ley para el Pueblo” que uniforme las reglas aplicables en todo el país a la distribución de boletas para el voto en ausencia y el período para la recepción de los votos. También pretende efectuar reformas legales que echen para atrás decisiones tomadas por la Suprema Corte que han afectado el ejercicio del voto de las minorías.
eduardoandrade1948@gmail.com
