El estrujante caso del feminicidio del que fue víctima Debanhi Escobar en Nuevo León ha sacudido la conciencia nacional e incrementado el justificado clamor que exige al Estado en todos sus ámbitos—Federal, local y municipal— tomar medidas efectivas que frenen esta ola de ataques de los que son víctimas las mujeres. Es verdad que la violencia a todos nos inquieta y amenaza pero también lo es que la condición femenina en las circunstancias actuales demanda la atención más urgente. Se requiere de la autoridad disposición, imaginación, organización y recursos y, por otra parte, necesitará la cooperación de la sociedad, en particular del sector víctima de las agresiones; de modo que sea posible aplicar medidas de verificación y control. Estas conllevan molestias pero las justificaría la obtención de seguridad; como ocurre en los aeropuertos donde nos vemos sometidos a revisiones que no nos agradan pero que son indispensables para brindar una razonable seguridad a los vuelos.
Así, deben analizarse acciones por parte de las autoridades municipales que conduzcan a una regulación de las reuniones y festividades a las que acuden los jóvenes, no para condicionarlas a un permiso pero sí quizás establecer un registro de las mismas para que se tenga conocimiento de donde se realizan. Medidas como estas funcionaron durante la pandemia al punto de disolver fiestas que no estaban autorizadas. La situación crítica a la que ha llegado el problema de la inseguridad de las mujeres obliga también a la adopción de medidas de emergencia que conduzcan a saber dónde se efectúan estos eventos y quiénes asisten.
Debe disponerse de agentes de seguridad que podrían constituir brigadas especialmente diseñadas para la protección femenina a fin de que vigilen cercanamente los sitios donde se realizan estas reuniones y que los organizadores tengan la obligación de efectuar un registro personal de quienes acuden y hacer constar su salida tomando nota de hacia dónde se dirigen. Sé que esto podría escandalizar a algunas personas, pero en realidad no se trata de una limitación de la libertad ya que cada quien es libre de moverse hacia donde quiera, pero la verificación de estos movimientos resulta indispensable para poder prevenir la realización de estos crímenes, como lo demuestra el caso de Debanhi.
Por supuesto, es importante como lo exige la sociedad, que se castigue a los culpables y que la justicia actúe eficientemente para imponer las más severas de las penas a quienes incurren en tan execrable delito, pero es mucho más importante prevenir, tomando medidas, aunque sean de difícil su ejecución, para evitar que ocurran estos acontecimientos y que la reacción se produzca cuando ya la atrocidad ha sido cometida. De ahí que sea indispensable diseñar todo un conjunto de acciones, valorar todas las ideas por descabelladas que parezcan, que conduzcan al propósito que se persigue. Una muestra de que hay acciones eficaces que limitan relativamente el movimiento ha sido la aplicación de los retenes para el alcoholímetro.
Tendría también que concertarse la cooperación social, quizás formando brigadas de hombres y mujeres dispuestos a participar en un programa que podría denominarse “transporte seguro” para que personas previamente registradas ante la autoridad y a las que se asignara algún apoyo económico, acudieran con vehículos a los sitios donde se efectúan las reuniones para apoyar a mujeres que pueden colocarse en situación de riesgo al salir de una fiesta después de haber ingerido algunas copas. Habría que generar programas de acuerdo a los cuales las hijas acepten informar a sus padres de los lugares adonde se dirigen y estos tener un mecanismo de rápido reporte a la autoridad en caso de perder contacto con ellas. En caso de que la hija se resista a esta medida, establecer que necesariamente debe informar de su destino a una persona que puede hacerse responsable de saber su paradero para el caso de una desaparición. La autoridad debería responder de inmediato ante cualquier indicio de desaparición sin esperar que pase un tiempo para iniciar las pesquisas. Podrían convenirse métodos similares al del “conductor designado” para que entre grupos de amigos y amigas se nombrara una “amiga designada” para saber a qué lugar se trasladan otras integrantes del grupo de amigas y constantemente verificar su ubicación otorgándole un canal directo de comunicación con la autoridad. También podrían formarse grupos de apoyo de padres para intercambiar información sobre los movimientos de sus hijos. Comprendo que todas estas ideas pueden chocar con algunos criterios que defienden la máxima libertad para las jóvenes, pero es preciso entender que el ejercicio responsable de esa libertad juega un papel muy importante en este asunto. No podemos consagrar como sociedad responsable, en nombre de un derecho en abstracto, la libertad para morir; es nuestro deber garantizar la seguridad para vivir.
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