- Pablo Marentes
Juárez, Benito Juárez, reiteraba: los funcionarios públicos, -los servidores públicos diría alguna vez-, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio, si no consagrarse al trabajo: disponerse a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala.
Los aludidos no le perdonaron el exhorto a vivir así. A ellos, como a los de ahora, les cautivó ¡la lana!, contante y sonante entonces, y hoy metidas en fondos oscuros como el recién descubierto en Panamá. A Juárez lo acusaron de ofrecer en venta territorios nacionales al Gobierno estadunidense mediante el tratado de Mclane-Ocampo. Con anticipación supo Juárez que el ominoso tratado no sería aceptado por el Gobierno estadunidense. Así lo consignaba en la página 228 del tomo III de la síntesis de Thomas Nolan, editor de Philadelphia, “Seis mil años de Historia”, publicado en 1906 por Marshall S. Snow. El tratado, se ha dicho muchas veces, era una estratagema, una ardid de guerra: al recibirlo, el Congreso Federal estadunidense estaría reconociendo tácitamente al Gobierno de Juárez. Al ser admitido el país “al concierto de naciones civilizadas”, de inmediato el Gobierno de México sería visto como sujeto de créditos internacionales. Y Juárez los necesitaba para que la República derrotara al propósito imperial francés.
Lincoln no quiso recibir a Matías Romero, el embajador plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos. Se libró de su insistencia mediante una escueta carta que mandó a Juárez por conducto de Don Matías: “le deseo señor Presidente la mejor de las suertes”.
Un buen número de delincuentes que se autodenominan políticos, porque disfrutan de concatenadas sinecuras en puestos con denominaciones rimbombantes, hacen de la corrupción su vocación: enriquecerse con los fondos provenientes de la recaudación fiscal y de la gestión de contratos de aprovisionamientos de bienes o servicios o de gigantescas y complicadas obras públicas, que van desde caminos vecinales hasta las más sofisticadas obras de ingeniería contemporánea para toda clase de transportes por aire, mar o tierra. O para obtener contratos para surtir medicinas o alimentos y equipos a los sistemas hospitalarios de sostenimiento estatal, municipal o federal. La corrupción llega también a una elite de aguerridas mujeres con docenas de subordinados y subordinadas encargadas de cobrar comisiones. Y éstas se pagan con dinero en efectivo, vehículos de último modelo con denominaciones rebuscadas en idiomas incompresibles, cuya principal característica es el volumen generoso de sus espacios traseros capaces de albergar una gran cantidad de maletas infestadas de símbolos identificatorios de groseras riquezas en efectivo en cualquier moneda dura, o en depósitos ocultos en fondos “Off Shore” semejantes a los recientemente puestos a la vista en Panamá. Hay funcionarios que confunden una declaración de ingresos personales con un desafío a la razón.
La administración pública mexicana, toda: la federal, la estatal y la municipal, está infestada de corruptos. Las autoridades carecen de autoridad. La tarea prioritaria de toda prioridad, es librar a la República de ese enemigo omnipresente. Debe comenzar ahora. Es tarea fácil. Los depredadores son conocidos. Sus cómplices también. Acometerla sin tregua requiere carácter, decisión y sobre todo honestidad y modestia de los titulares de los puestos más notorios de la administración.
