La tragedia del socavón del Paso Express de Cuernavaca obliga a replantear la forma en que se adjudica y se construye la obra pública. La idea de que la empresa privada es más eficiente y más económica para la realización de obras de interés general se ha visto “socavada” por el imperdonable socavón y esto genera una serie de reflexiones que han ocupado a los medios escritos y audiovisuales en las que, sin decirlo expresamente, se aprecia una nostalgia por la antigua forma de manejar la obra pública.
Fue célebre en su tiempo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) a cuyo cargo estaba su realización a partir de la idea de que el estado es responsable directo de la construcción de las obras necesarias para satisfacer las necesidades colectivas. Ello no implica la estatización total de la edificación de la obra y no impide la participación de entes privados que actúan como proveedores del estado para llevarla a la práctica.
Los afanes privatizadores de los últimos 40 años condujeron a un esquema que ha resultado contraproducente. En el sistema basado en la construcción realizada por el estado, este asignaba a proveedores privados determinadas tareas en la construcción y solicitaba el aprovisionamiento de diferentes materiales: cemento, grava, varilla, madera, etc. pero mantenía el control de la construcción y con él la responsabilidad del resultado de la misma.
Con el advenimiento de los esquemas privatizadores se procedió a licitar los proyectos en su conjunto con la agravante de que la licitación tendría que proyectarse de manera internacional, lo cual ha producido una invasión de intereses extranjeros financiados en mejores condiciones que las que reciben las empresas mexicanas y curiosamente, a partir de la obtención de recursos bancarios extraídos de nuestro propio país.
La idea de que la lucha contra la corrupción alcanzaría buenos resultados en virtud de un prejuicio favorable al sector privado que, supuestamente, estaría blindado ante acciones ilegales, ha venido a demostrarse que carece de sustento porque existen prácticas, muchas veces denunciadas y excepcionalmente sancionadas, de contubernio entre empresas privadas para manipular el resultado de las licitaciones públicas.
Se dice también que, en muchos casos, la adjudicación no solo es producto de este contubernio sino que el mismo está vinculado a los operadores del sector público, con la agravante de que las licitaciones fundadas en determinadas especificaciones, sufren luego modificaciones muy serias que hacen dudar de la validez del procedimiento, cuando el costo se eleva de manera escandalosa o las características del proyecto son alteradas después realizados los concursos.
En el peor de los escenarios, a todas estas deficiencias se aúnan la ineptitud, la codicia y la intención política de acelerar la conclusión de las obras, que acaban en tragedias, derivadas de la mala calidad de la construcción, como ocurrió en el caso del socavón que tanta indignación ha suscitado.
Urge revertir este círculo perverso de una política que elimina el carácter público de las obras para convertirlas en botín de intereses privados. El estado debe responsabilizarse del proceso y el resultado de construcciones financiadas con dinero de los contribuyentes y retomar su administración directa sin absurdas, dilatorias, ineficientes y a la postre, carísimas licitaciones que impiden identificar con claridad a los responsables de episodios como el ocurrido en el Paso Express.
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