Este año se ha caracterizado por intentar ejecutar acciones de gobierno que de forma desesperada tienen la intención de revertir los efectos negativos de la pandemia en nuestra economía y la sociedad en general.
Por parte del Gobierno de la CDMX se otorgaron una serie de facilidades administrativas para que el sector de la construcción pudiera echar cemento a diestra y siniestra en la capital, porque según su perspectiva, esto garantizaría la creación de nuevos empleos.
Quiero ser muy clara en este punto, por supuesto que no estoy en contra del desarrollo urbano, lo que siempre he criticado es su voracidad, y que so pretexto de abonar al progreso se incumpla la ley generando un perjuicio a la ciudad en su conjunto.
Y es que por más que intenten decir que estas facilidades abonan a la reactivación económica, es una realidad que benefician solo a unos cuántos, es más, con tal de extender al máximo la alfombra roja para que el sector inmobiliario desfile sin dificultad alguna, a la Jefa de Gobierno se le olvidó que no tiene el poder absoluto, y que los órdenes de gobierno más cercanos a la gente también tienen facultades en la materia.
Particularmente las Alcaldías tienen la facultad de ordenar las verificaciones administrativas para corroborar que se cumple con la ley, hoy con estos acuerdos se les desplaza de esta facultad, como si fueran un gobierno de segunda, desconociendo la lucha democrática de tantos años por otorgar atribuciones claras a las alcaldías.
Derivado de lo anterior, recientemente el Alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, acudió a la Suprema Corte para promover un par de controversias constitucionales por considerar que el Gobierno de la Ciudad se excedió en sus atribuciones, invadiendo así el ámbito de competencia de las Alcaldías.
Si bien, los medios de control constitucional aún se encuentran en trámite, hoy sabemos que se concedió la suspensión en favor del Alcalde, esto se traduce en que la Corte considera que hay elementos para poner pausa a la aplicación de estos acuerdos hasta en tanto se resuelve el fondo, es decir, hasta que el máximo tribunal estudie y determine si hay una invasión de competencias, pero hoy lo que es un hecho es que la Corte encontró indicios de este atropello al orden jurídico.
La semana pasada presentamos desde el Congreso un exhorto a la Jefa de Gobierno, para que apelando a su sensibilidad y ánimo de concertación política pueda dejar sin efectos estos acuerdos que otorgan facilidades administrativas a las constructoras, porque hoy tiene dos opciones, hacerlo por voluntad propia o esperar a que el máximo tribunal se lo ordene.
Quizá desde el Palacio del Ayuntamiento aún se mantiene viva la confianza en el grupo que le opera a la carta todos y cada unos de sus designios, tanto que cuando presentamos este exhorto se consideró que no era urgente discutirlo, olvidándose así que apenas hace unos meses las Diputadas y Diputados juraron guardar y hacer guardar la constitución, parece ser que para ellos es un mero trámite y no un verdadero compromiso con la sociedad.
Ya desde tiempos antiguos se utilizaba la frase “Al César lo que es del César” para transmitir que hay que ser justos y reconocer a cada uno sus méritos, hoy finalizo estas líneas retomando este proverbio para intentar hacer notar que cada orden de gobierno tiene atribuciones y facultades perfectamente delimitadas por la ley, y que nuestro orden jurídico le dice a Sheinbaum lo que es de Sheinbaum y a los Alcaldes lo que es de los Alcaldes.
