El desprecio presidencial por las instituciones y las leyes, o la polarización entre sectores sociales de cara a las elecciones, crea un contexto político nacional sin comparación.
Las últimas semanas, me he referido a características sociales y políticas en las que se desarrolla este proceso electoral, como agresiones contra candidatos, violencia o inseguridad.
A esa realidad -que nos negamos normalizar-, se suma un actor obstinado en mantenerse en el mapa electoral, contrario a lo que dice la ley.
Me refiero al presidente en turno, quien tuvo las últimas 4 campañas, calidad de candidato; y de esas, los últimos 18 años estuvo en campaña permanente rumbo a la presidencia el país.
Sin duda, ese es el principal reto a vencer para él mismo, su partido político y sus abanderados.
Eso es gracias a la costumbre de ver su nombre en la boleta electoral, y el efecto que produce para los demás candidatos de su partido.
Por eso, en esta elección, el ánimo por participar lo lleva a violar la Ley electoral, olvidando su posición y responsabilidad al frente del país.
Desde hace más de dos décadas, la estrategia es la misma -ahora desde el poder-: campaña permanente, culpar a gobiernos anteriores, desprestigiar, acusar corrupción, señalar complot, y usar como bandera programas sociales.
A esta altura de su gobierno, no le importa incumplir los principios morales de su movimiento y dejar constancia, tampoco hacer latente una incongruencia.
Intenta mostrar aparente confianza y estoicismo, dominio y poder, sin embargo, ignorar o desdeñar a la autoridad electoral, demuestra soberbia, alimentada por la legitimidad del voto ciudadano que le encargó dirigir el país.
Esto representa un riesgo, pues al actuar según su voluntad y no de acuerdo a la ley, motiva a otros gobernantes a seguir su ejemplo, como ocurre en Veracruz, Campeche o la CDMX.
Lamentablemente, su intervención en el proceso y en las campañas, no garantizan legalidad, certeza, autonomía y equidad, poniendo en riesgo la elección.
Eso polariza los ánimos rumbo a la jornada electoral, y es justamente por lo que se pugnó el siglo pasado: evitar la participación del gobierno y mandatario en turno en las elecciones.
Ya olvidaron el principio que dice: “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, pues:
Se confronta a quienes no coinciden con ellos, actúan lejos de la institucionalidad, señalan sin mayor recato un “golpe de Estado técnico”, o amenazan con desconocer el resultado en las urnas si no les favorece.
Hoy, cada uno de nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, estamos llamados a un ejercicio democrático, para evitar que, cualquier Gobierno en turno, ejerza el poder sin respetar la Ley, solo en nombre de la legitimidad que le dio una elección democrática.
