Aunque faltan varios meses para que Andrés Manuel López Obrador, vencedor en las pasadas elecciones federales, proteste como Presidente del país, sus propuestas han llevado a la arena pública diversos temas de discusión. Sin duda las que más llaman la atención son las relativas a los emolumentos de los servidores públicos de alta jerarquía y sus “privilegios”, entre ellos el seguro de gastos médicos mayores..
La realidad es que la existencia de esa clase de seguro no es necesaria, pues el derecho a la salud es un derecho humano reconocido en nuestra Ley Fundamental y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado por México en 1981, y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ente el cual Mëxico es parte.
Asimismo, contamos con un Sistema Nacional de Salud Pública, en el que participan instituciones federales como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los institutos de especialidades y las Secretarías de Salud de las diversas entidades federativas y de la Ciudad de México.
Dado lo anterior, en teoría contamos con las instituciones públicas necesarias para proporcionar servicios de salud y bienestar social a toda la población. En realidad, lamentablemente, tenemos que los servicios brindados por casi todas esas no son los deseables, constantemente escuchamos hablar de casos de negligencia, como el ocurrido en mayo pasado, de una bebé que murió en un hospital del IMSS por no haberse practicado cesárea oportuna a su madre; o las dos muertes, en febrero de este año, de pacientes en urgencias del ISSSTE por no haber sido atendidos a tiempo.
No es preciso mencionar los nombres de los hospitales donde hubo esos decesos, pues trascendieron al público conocimiento y son evidencia mínima de lo deplorable del servicio de salud pública no es simple percepción, es realidad que podemos constatar. Si damos un vistazo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que tan sólo en lo que va del año, dicha institución ha realizado tres recomendaciones al Instituto Mexicano del seguro social por inadecuada atención médica.
No es un problema por falta de capacidad humana, pues contamos con excelentes médicos y enfermeras comprometidos con el servicio público y el bienestar de nuestros ciudadanos, sino a la falta de recursos, pues somos muchos ciudadanos y los hospitales, el personal e instrumental y equipamiento resultan insuficientes frente a la demanda.
En resumen, obedece al escaso presupuesto asignado a la salud; tenemos que el año pasado únicamente se destinó el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto a dicho rubro, mientras países de primer mundo, como Japón y Alemania por decir algo, suelen destinar 9 por ciento.
De aquí podemos tener claro que hacen falta grandes esfuerzos para lograr que la atención médica pública brinde servicio de calidad a todos los ciudadanos; son muchos los esfuerzos y los recursos económicos que deben ser destinados para ello, y es ardua la labor que el gobierno actual y el entrante deberán realizar para conseguirlo.
Es cierto, un seguro de gastos médicos mayores no debería ser necesario, mucho menos restringido a unas cuantas personas, pues todos los mexicanos tenemos derecho a atención médica de calidad, y el Estado debe hacer lo necesario para el caso..
De nada sirve el reconocimiento legal del derecho a la salud como derecho humano si no hay mecanismos para garantizarlo, por lo que más allá de respetarlos, el Estado debe realizar acciones que redunden en el acceso y goce pleno de ese derecho mediante instituciones y políticas públicas que permitan prevención y tratamiento de calidad, en tiempo y forma suficientes para que el derecho humano a la salud sea asequible a todos y no se quede en simple letra muerta.
