Un problema actual e ineludible es sin duda alguna la cantidad de migrantes que en diversas caravanas han llegado a nuestro país desde el año pasado, ya sea porque van en busca del sueño americano o simplemente por escapar a condiciones de violencia a pobreza vivida en su país de origen.
Independientemente de la causa que origina los movimientos migratorios, la realidad es que la actual administración, ha tenido que enfrentar un gran reto pues por un lado debe garantizar los derechos humanos de los migrantes, que como seres humanos no deberían ser considerados ilegales en ninguna parte del planeta, y al mismo tiempo lidiar con la política prohibicionista de nuestro vecino del norte.
Ya que mientras el gobierno mexicano busca la forma de contener la migración, con acciones como la reciente apertura de la casa para el migrante en Coatzacoalcos, o la retención de las Caravanas desplegando a la Guardia Nacional en nuestra frontera sur, e incluso otorgándole trabajos temporales a quienes vienen en las caravanas, el presidente del norte continúa amagando con construir un muro fronterizo.
El fenómeno es triste y la condición de las de las personas es inhumana, lo que ha motivado la aprobación de un Plan de desarrollo integral para centro América con apoyo de la ONU, que ha sido aprobado por México, Honduras, El Salvador y Guatemala con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el respaldo de la Unión Europea.
El objetivo es prevenir la migración forzada, atendiendo las causas estructurales que originan la migración, mediante la mejora de las condiciones de vida la población en su lugar de origen.
En este contexto la población más vulnerable son los niños, a quienes, de manera lamentable nos ha tocado ver sufrir en condiciones insalubres, accidentarse en la estación migratoria nacional e incluso, penosamente, nos ha tocado ver morir intentando cruzar hacia Estados Unidos o estando en custodia de su gobierno.
La muerte de niños migrantes no es privativa de las caravanas que han llegado a nuestro país, pues según la Organización Mundial para las Migraciones, desde el dos mil catorce muere un niño migrante por día.
Con la finalidad de tomar acciones concretas respecto a esta población vulnerable y tomando en consideración el interés superior del menor que debe ser salvaguardado por las autoridades mexicanas el pasado 17 de octubre se publicó una reforma a la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
La cual está enfocada a crear un mecanismo de coordinación constante entre los Sistemas DIF de toda la República y el Instituto Nacional de Migración y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Para los casos en que se identifiquen niños extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo puedan adoptarse medidas de protección especial que los niños necesitan.
Para hacer más eficiente la colaboración también se crea un Sistema de Protección de Niños Niñas y adolescentes en cada municipio.
Ante cada coyuntura el Estado, a través del ordenamiento jurídico debe de tomar las medidas que le permita afrontar los retos, en este caso con la reforma mencionado se busca salvaguardar los derechos de todos los niños, pues su sano desarrollo, sus derechos y su interés superior deben ser prioridad de todo Estado Democrático de Derecho, como el que pretende ser el nuestro.
Así es el Derecho.
