En diversas ocasiones me he referido a la división de poderes como un principio fundante y determinante en la estructura de un Estado democrático de Derecho y el consecuente estatus de igualdad entre los tres órganos responsables de las funciones del Estado, el cual se encuentra resguardado por un sistema legal de pesos y contrapesos entre los tres poderes (checks and balance); pero que también debe ser respetado y defendido en cada una de las actuaciones de quienes los integran.
Por lo anterior, esta vez hago referencia a la inminente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que cocina la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso Federal, la cual, desde su instalación, nos ha llenado de referencias de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación —y de voces enfocadas a erradicar esos vicios—, con la intención de modificarlo profundamente. El primer paso fue la iniciativa presentada el cuatro de octubre por el senador Ricardo Monreal, que propone un programa de rotación, a fin de que los jueces de distrito y magistrados permanezcan mínimo tres años y máximo seis en la misma adscripción.
Posteriormente, el mismo legislador propuso eliminar el nepotismo en dicho Poder mediante mecanismos como la declaración pública de intereses de sus integrantes, que incluya los vínculos familiares por consanguinidad y por afinidad. Contempla como causas de responsabilidad, que un servidor público realice nombramientos, promociones o ratificaciones de personal cuando exista interés personal, familiar o de negocios que puedan derivar una ventaja o beneficio para sus parientes o terceros con los que tenga relacion profesional, laboral o negocio.
Después se habló de impulsar la equidad de género como principio rector de la carrera judicial y, en consecuencia, la alternancia por género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación; el último de los temas es diseñar un sistema de control de confianza para evaluar a quienes desean ingresar en el Poder Judicial de la Federación y a quienes buscan ser promovidos.
En este contexto, es incuestionable que se busca transformación radical en los órganos que desempeñan la función judicial, con los propósitos de hacer más eficiente la impartición de justicia, fortalecer las instituciones y beneficiar directamente a los justiciables, y todos los servidores públicos vinculados a la actividad jurisdiccional tendremos que empeñarnos para su buen y correcto funcionamiento.
Sin embargo, antes de pintar al citado Poder Judicial como un órgano con fallas, debe reconocerse su importancia y trascendencia para la estabilidad del Estado de Derecho, el esfuerzo que cada uno de los integrantes del mismo realizan para dirimir las controversias y, así, contribuir al orden y paz social. Sobre todo debe tomarse en cuenta que gran parte de los hoy jueces y magistrados iniciaron su carrera trabajando como meritorios, incluso durante varios años, sin recibir a cambio nada más que conocimientos y satisfacción, y así se formaron profesionistas competentes y de fiar, respetables.
Es incuestionable que hemos escuchado de casos de nepotismo y corrupción, pero como en todo, los pocos elementos cuestionables de una institución suelen llamar la atención más que la mayoría trabajadora y comprometida, que hacen que la impartición de justicia siga siendo una de las actividades más respetadas en el país, pese a la crisis de credibilidad en las labores estatales que, en lo general, ha surgido en los últimos años.
Todos conocemos que en México, lamentablemente, tenemos el grave problema que es la corrupción, pero no es privativa del Poder Judicial Así es el Derecho
