Cualquiera que cumpla los requisitos para un trámite puede obtener la consecuencia del mismo: una licencia, un permiso, una autorización, etcétera. Eso está claro. A veces, sin embargo, los servidores públicos que participan llegan a pedir requisitos adicionales, y allí empieza a descomponerse el panorama. Por ejemplo, hace unos días tramité el pasaporte de uno de mis hijos; al momento de revisar la documentación me pidieron una impresión de la CURP, que la llevaba, pero no estaba en los requisitos; hasta ahí nada grave.
Hace cuatro años, mi auto fue llevado al corralón. Entre los requisitos estaba llevar el comprobante de pago de la tenencia. Sin dudarlo llevé el último pago ... pero no, se requería el del año anterior. Como siempre tengo costumbre de escanear este tipo de documentos, fui a un café internet y lo imprimí desde “mi nube”. ¿Y si no hubiera tenido el comprobante?
Qué pasa cuando los requisitos no juzgan circunstancias que pueden conducirnos a un problema mayor. Por ejemplo, la licencia de manejo. Desde hace años en la Ciudad de México se otorgan licencias sin demostrar que se sabe manejar, vaya, un invidente puede obtenerla satisfaciendo los requisitos.
Hasta hace unos meses, estaba en mis atribuciones, de manera concurrente con el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la autorización de vallas publicitarias. En lo personal, desprecio las vallas, es una forma de publicidad que en la mayoría de los casos implica perjuicios a la ciudad, sobre todo en la zona central porque conlleva la reducción del espacio peatonal y altera los valores relativos de los predios baldíos al retrasar su urbanización.
Sin embargo, el ejercicio público no puede estar basado en fobias y filias, sino en reglas equitativas a todas las personas. Es decir, llegué a autorizar la instalación de vallas publicitarias, a mi pesar, de aquellos quienes cumplieron los requisitos.
La semana pasada una agencia de Audi realizó la tala de los árboles que estaban frente a su fachada. Ellos presumieron contar con las autorizaciones para tal acción, pero sin duda cometieron un acto grotesco: liberar de árboles el aparador de sus contaminantes automóviles. El acto es legal, pero es reprobable. ¿No tendríamos que prohibir la tala por razones visuales? Seguramente, pero mientras esto sucede, hay un estado de derecho que permite a la Audi mantener la comunicación con su principal nicho de mercado: “los gandallas” (no es casualidad la recurrencia de incidentes de prepotencia que involucran a conductores de esta marca).
En materia de desarrollo urbano sucede lo mismo con frecuencia: edificaciones de muy alta densidad en el entorno de centros de barrio como Xoco, Mixcoac o Tetelpan, cuentan con legalidad para seguir avante. Sin embargo, es una materia donde tenemos algunos filtros que como ciudad no estamos ocupando: el dictamen de impacto urbano debería ser más estricto en el uso de normas especiales en ciertas zonas de la ciudad, y desde el gobierno deberíamos limitar el uso de los Sistemas de Actuación por Cooperación sólo a aquellas zonas en las que sí es deseable densificar (claramente no es el caso de las barrancas, como Tarango).
Hace falta que los trámites, en todas las materias, se adapten a las circunstancias específicas que encuentren en su desempeño.
